En España se legalizó el aborto en 1985 en el caso de que corriese grave peligro la vida o la salud física y psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o cuando se presumiera la existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto.

En 2010, el aborto quedaba regulado de la siguiente forma: 14 semanas de plazo libre; hasta la semana 22 en caso de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o graves anomalías fetales y pasada la semana 22, sólo podrá interrumpirse el embarazo por anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte en el feto «una enfermedad extremadamente grave e incurable» y así lo «confirme un comité clínico».

Pero cuando entró en vigor esta nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva la normativa estableció que “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”, pero daba preferencia al sistema público y lo concretaba así en el artículo 19: “Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”.

Un gran porcentaje de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo son derivadas desde la red pública a centros privados, una situación que se debe a la objeción de conciencia de los profesionales, falta de medios y de formación de esos profesionales, tal y como señala una psicóloga que atiende a las mujeres de Dátor y que además es portavoz de ACAI.

La Comunidad de Madrid debe 1 millón de euros a las clínicas privadas a las que deriva los abortos
La Comunidad de Madrid debe 1 millón de euros a las clínicas privadas a las que deriva los abortos

Por tanto, desde 2010 a 2019, en Madrid se han realizado 1.608 abortos en centros del sistema madrileño de salud y 210.755 en clínicas privadas derivados de la red pública, un servicio que le cuesta alrededor de 3,5 millones de euros anuales al Ejecutivo regional.

Las mujeres pueden acudir directamente a los centros acreditados y en el caso de que sean abortos por motivos médicos, los hospitales los derivan a alguna de las siete clínicas que notifican intervenciones. La administración asume el coste, es decir, las mujeres no pagan por la intervención.

Mientras la tendencia de la media nacional es ir aumentando el número de interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos, ha crecido del 1,8% al 14,3% entre 2010 y 2019, la Comunidad ha ido reduciéndolos, del 1,8% al 1%.

En España, solo el 15% de los abortos se realizan en centros públicos. Algunas comunidades han optado por el establecimiento de conciertos con las clínicas, pero en la Comunidad de Madrid cada hospital, dependiendo de la zona sanitaria a la que pertenezca la mujer que acude al centro, «abona la cuantía de las intervenciones», por lo tanto, «no hay un pago centralizado desde el Servicio Madrileño de Salud».

Gádor Joya, de Vox, hizo una petición de información en la Asamblea sobre la facturación emitida por los centros acreditados para la práctica de IVE entre 2016 y 2019 y la respuesta de la Comunidad fue que en 2016, las arcas madrileñas pagaron 3.454.849 euros a las siete clínicas con las que tiene concierto, en 2017 fueron 3.760.199 euros y en 2018, 3.899.580. Además, se hace constar el abono de 331.176,48 euros en 2016 y 325.886,40 en 2017 al Hospital Fundación Jiménez Díaz, en concepto de IVE.

Deuda de 1 millón de euros

Según ha denunciado el PSOE y recoge elDiario.es, las clínicas privadas que asumen la práctica totalidad de los abortos que se solicitan en Madrid no están cobrando el dinero que les corresponde por las intervenciones. La formación asegura que llevan «cuatro meses sin recibir el dinero» y cifra la deuda en «un millón de euros», según la diputada en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales.

La Comunidad de Madrid ha admitido que está habiendo retrasos en las transferencias y el Servicio Madrileño de Salud está «revisando la situación de cada uno de los hospitales para agilizar los pagos que queden pendientes», aseguran fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por elDiario.es.

Morales denuncia que a pesar de que los hospitales sean la vía para hacer los abonos «la responsabilidad última la tiene la Consejería» y «esto es una muestra de su desidia». «La Comunidad está asfixiando a las clínicas porque no tienen un modelo que les dé seguridad y trabaja con ellas sin concierto ni convenio», ha añadido.

Además, ha instado al Gobierno madrileño a «que asuma su responsabilidad en garantizar las condiciones idóneas para que las mujeres podamos abortar con seguridad».

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