Vecinos de Touro y O Pino reclaman a la Xunta una investigación que aclare si el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia está siendo utilizado a favor de los intereses comerciales de la mercantil Cobre San Rafael y si existe participación económica directa o indirecta de la minera en sus actividades.
La Plataforma vecinal Cornado Mina Non ha recordado esta semana que el INTECMAR es un ente de derecho público adscrito a la Consellería do Mar, creado según el artículo 1.4 de la Ley 3/2001, que dado que tiene la potestad administrativa de aplicación de la normativa sobre calidad de aguas y organismos marinos “tiene la obligación de actuar a favor del interés general de la población”, no de una multinacional privada como Atalaya Mining y sus accionistas.
Así, explican que en fechas recientes Cobre San Rafael, como filial de Explotaciones Gallegas y Atalaya Mining, “anunciaba a bombo y platillo” la inversión de 25.000 euros en una “sonda multiparamétrica” con el supuesto objetivo de para medir los parámetros de la calidad de las aguas del Ulla que llegan a la ría de Arousa, algo que sin embargo entra dentro de las competencias directas tanto de la Entidad Pública de Augas de Galicia como del propio INTECMAR en colaboración con el Instituto Espñol de Oceanografía, que dispone de una serie de estaciones configuradas a través de batisondas multiparamétricas CTD equipadas con sensores que miden diferentes variables (temperatura, salinidad, pH, oxígeno, etc.) e están distribuidas de tal modo que dan cobertura a las principales zonas de producción en Cabío, Cabo de Cruz, Rianxo, Xidoiros, Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, O Grove, Meloxo, Aguiño y Canal Central.
Los afectados por el proyecto de reapertura de la mina de Touro ponen el foco en los contactos mantenidos entre el propio INTECMAR y la mercantil Cobre San Rafael, el último de los cuales tuvo lugar en febrero entre Constantino Penedo Ferreiro, representante de la minera y Covadonga Salgado Blanco, directora del organismo, una polémica reunión en la que entre otros participantes además asistió el presidente de Parquistas de Carril OPP89 José Luis Villanueva Vicente. En enero, Salgado había reclamado una mayor inversión pública en equipamiento, inversión e infraestructuras ante un grupo de representantes de la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia.
Por otra parte, reflexionan sobre cual es la “legitimidad real” de José Luis Villanueva “para defender cualquier causa más allá del negocio comercial de Cobre San Rafael” ya que “según reflejan los medios de comunicación el Consello Local da Muller lo denunció ante las consellerías de Igualdade y Mar en 2018 por acoso, discriminación, machismo y abuso de poder por sus actuaciones sobre las mariscadoras de Carril y recientemente ha sido condenado a 18 meses de prisión por agredir y herir de gravedad a un letrado de Vilagarcía de Arousa“.
Por estos motivos, las vecinas y vecinos afectados consideran que “es indispensable que la Xunta de Galicia aclare si el INTECMAR está recibiendo de manera directa o indirecta soporte económico de Cobre San Rafael al tratarse de un organismo público que tiene la obligación de ser independiente y mantenerse al margen de cualquier interés empresarial“, más cuando “el proyecto de la mina de Touro puede suponer una amenaza sin precedentes no solo para la población de la Comarca de Arzúa, sino para los miles de familias que dependen de la actividad pesquera y marisquera en la ría de Arousa”.
