Como consecuencia de la Campaña unitaria, que apoyamos más de 70 organizaciones  sociales, sindicales y políticas, además de la presión que venimos ejerciendo desde hace  años, con recogida de decenas de miles de firmas y de apoyos sociales y políticos diversos,  el 22 de febrero de 2018 en la Comisión de Educación del Congreso se aprobó una  proposición no de ley, respaldada por diversos grupos parlamentarios que instaba al  Gobierno a

A-Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como  institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo  oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar. 

B-Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así  como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas,  obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato. 

MIENTRAS ESTOS DÍAS SE DEBATE LA REFORMA PARA UNA NUEVA  LEY EDUCATIVA (LOMLOE), A ESOS MISMOS GRUPOS -EN EL  CONGRESO- LES DEMANDAMOS QUE CUMPLAN ESE MANDATO

Las actuales políticas educativas están provocando graves consecuencias que segregan a  un alto porcentaje del alumnado, al aplicarse diferentes procesos de mercantilización  y privatización

Existe un doble grave perjuicio para el alumnado, por un lado, es la segregación por  motivos ideológicos, desde edades muy tempranas, vulnerando diversos convenios de la  Infancia y, por otro lado, es la segregación por motivos económicos y sociales, como  consecuencia de un Sistema Educativo selectivo e injusto y cada vez más elitista.

EXIGIMOS QUE EN EL DEBATE EN EL CONGRESO DE LA NUEVA REFORMA (LOMLOE)  SE POTENCIE LA RED PÚBLICA, ÚNICA QUE DEBE SER RECONOCIDA COMO SERVICIO  PÚBLICO, FUNDAMENTAL PARA PRESERVAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE  

TODAS Y TODOS, EVITANDO -DE FORMA PROGRESIVA- LA DESVIACIÓN DE FONDOS  PÚBLICOS HACIA INTERESES PRIVADOS DE TODO TIPO.