El pasado 14 de septiembre el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto-ley para mantener la factura final de la electricidad de los consumidores en 2021 al mismo nivel que en 2018. La norma combina medidas generales que benefician a todos los consumidores, con medidas específicas de mayor incidencia en los consumidores vulnerables, las familias, las pymes, el tejido industrial, así como el medio ambiente y los territorios próximos a los embalses.
Así, entre las actuaciones destinadas a todos los consumidores, el Real Decreto-ley incluye medidas coyunturales, como rebajar el Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5% y suspender hasta final de año el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% a la generación; aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio; o minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas.
A la par, entre las medidas con mayor incidencia en consumidores concretos, se incrementa la protección de los vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un suministro mínimo vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes. También se limita el crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para impedir un fuerte incremento por el impacto del coste de la materia prima. Además, se crea un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial.
Pese a este plan de choque, el Gobierno no ha conseguido abaratar el recibo de la luz del mes de septiembre. Según el análisis de Facua, una familia media tendrá que pagar 102 euros de media en septiembre, un 53,8% más que hace un año, y diez euros más que en agosto.
Este miércoles 6 de octubre, el precio de la luz en el mercado mayorista volvió a marcar un nuevo récord histórico al situarse en los 228,59 euros el megavatio hora (MWh), un 12,2% más que el martes. En la franja horaria más cara, el precio llegó a los 260 euros el MWh y en la más barata, a 192,3 euros, cuando la media de 2020 apenas superó los 40 euros.
En este momento en el que las relaciones entre el ejecutivo y el sector eléctrico no se encuentran en su mejor época Iberdrola decidía fichar al exdiputado en la Asamblea de Madrid y exconcejal del ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, como vicepresidente de Iberdrola en España.
Aunque la compañía aún no ha oficializado el fichaje, según apuntan fuentes cercanas a la misma, el cometido de Carmona será el de intentar “limpiar la imagen de la compañía”, que atraviesa “unos momentos delicados de reputación debido a la crisis energética”. Carmona va a tener un lugar privilegiado tanto en el mando operativo como en el salarial dentro de la filial española y su salario rondará los 500.000 euros.
El 29 de septiembre, Iberdrola anunciaba la paralización de diversos proyectos asociados a nuevas instalaciones de energía renovable hasta evaluar el impacto de las medidas del Gobierno. Y seis días después, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, acusaba al Ejecutivo de “intervencionismo terrorífico” y amenazaba con paralizar las inversiones.
Mientras tanto, Facua denunciaba que las grandes empresas eléctricas “están inflando los precios a más no poder”. El experto en el mercado eléctrico, Jorge Morales de Labra, denunciaba también el papel de las hidroeléctricas en el aumento del precio de la luz.
En relación a la noticia de que el plan de choque estaba dejando fuera a las energías eólica y fotovoltaica, Morales de Labra dijo que “desde que entraron en vigor las medidas del plan de choque se ha producido una ‘fuerte reducción de la producción hidroeléctrica gestionable’, algo que no puede significar más que un ‘órdago al Gobierno’ por parte del oligopolio”. Según este experto “las eléctricas utilizan los medios, o al menos algunos medios, para su guerra particular difundiendo información que estos no contrastan”.
Desde Facua, reclaman al Gobierno que imponga durante seis meses un descuento del 50% en la factura eléctrica, una medida que no contraviene las directivas europeas y que favorecería a la inmensa mayoría de hogares, excluyendo a aquellos con las rentas más altas.
Más de 30 concentraciones frente a las sedes de las eléctricas
En vista de que el plan de choque no era suficiente para alcanzar el objetivo de que los consumidores pagasen lo mismo que en 2018, este miércoles 6 de octubre fueron convocadas más de 30 concentraciones frente a las sedes de las eléctricas para exigir el fin de los abusos cometidos por estas empresas y “exigir medidas contundentes para bajar el precio de la luz y una regulación democrática del mercado energético”.
En su manifiesto señalaban que “con sus declaraciones, las eléctricas ponen de manifiesto que llevan mucho tiempo aprovechándose de su impunidad, haciendo y deshaciendo a su antojo. Llevan años comprando a altos cargos de los Gobiernos de turno que luego terminaron en un sillón de sus Consejos de Administración. No podemos consentir que unas pocas empresas estén por encima de la constitución”.
Getafe
Este miércoles 6 de octubre se realizó en el Recinto Ferial de Getafe una concentración convocada por una red de diferentes colectivos y personas para “decir alto y claro que ya basta de abusos y que tiene que bajar el precio de la luz mientras las eléctricas obtienen beneficios millonarios.”
Alba Leo, portavoz de Podemos en Getafe ha querido recordar que el “artículo 128 de la Constitución determina que toda la riqueza del país está subordinada al interés en general y el Gobierno puede hacer uso de él”.
“La escalada de luz sin precedentes está afectando a muchísimas familias que sufren pobreza energética como consecuencia de una oligarquía capaz de amenazar a un Gobierno con dejar al país sin el 25% de su energía. Hay que salir a la calle”, ha añadido.
Galicia
El pasado 3 de octubre se han convocado protestas en 24 municipios gallegos contra “la estafa de la luz” y se ha realizado una quema simbólica de facturas “como acto de desagravio”, pero también como de “reivindicación contra unas eléctricas que, mientras acumulan beneficios multimillonarios, abocan a la clase trabajadora a la pobreza energética”.
El secretario general de la CIG, Paulo Carril, ha explicado que pretenden “exigir a los gobiernos” políticas que “frenen la escalada imparable de la factura eléctrica, que cada vez provoca más daños en el conjunto de la clase trabajadora y en la actividad económica e industrial”.
Además, ha asegurado que “todos los gobiernos son culpables de actual regulación del sistema eléctrico” y ha señalado que, en el contexto de la denominada transición energética, “se perpetúa la estafa, regulando y financiando la entrada de lleno que en este proceso tienen las eléctricas”.
También ha recordado que Galicia exporta “una media del 30% de la energía que genera como consecuencia de decisiones políticas que hicieron de Galicia un territorio especializado en la producción eléctrica, con enormes costes sociales y ambientales, sin sacar provecho de ello”.
“Al contrario, la desertización industrial y la emigración son ejemplos que vivimos, cada vez, con más frecuencia. Es un delito que en Galicia haya pobreza energética en las casas y que por los altos precios de la electricidad cierren empresas”, ha lamentado el portavoz de la CIG.
