Este jueves 8 de julio, un tribunal de Marsella ha condenado a la empresa murciana de trabajo temporal Terra Fecundis por un supuesto fraude millonario. En la sentencia el tribunal condena a cuatro años de prisión, sin que deban ingresar en la cárcel, y a una multa de 100.000 euros a los tres directivos de la firma que se sentaron en el banquillo. Además, la ETT ha sido condenada al pago de una multa de 500.000 euros y a una inhabilitación de la sociedad en el país galo, que quedará suspendida hasta que haya sentencia firme.
La Fiscalía francesa había pedido la disolución de la sociedad y una sanción de 115 millones de euros incluidos los recargos por desplazar de forma irregular a este país a miles de trabajadores y de haber defraudado millones en cotizaciones sociales. Además para los socios fundadores pedía una pena de 21 años de prisión. Las penas a las que ha sido condenada la empresa se alejan bastante de las peticiones iniciales de la Fiscalía Francesa.
Tal y como recoge infoLibre, esta ETT de Murcia desplazaba a miles de trabajadores, principalmente ecuatorianos, a la vendimia francesa burlando la directiva española sobre trabajadores desplazados. Según la justicia gala, Terra Fecundis debió registrarse en el país vecino y cumplir con la legislación laboral que este marca.
La compañía se ha defendido diciendo que durante estos años todas las cotizaciones sociales de sus trabajadores se abonaron en España y que la justicia francesa no lo ha tenido en cuenta.
Salario mínimo francés, cotización española
De acuerdo a la legislación, los trabajadores de las empresas temporales reciben el salario mínimo francés, pero pagan sus cotizaciones sociales en España, considerablemente más bajas (hasta un 40% menos), lo que significa un ahorro sustancial para los patronos franceses.
Terra Fecundis tenía incluso una filial de autobuses para trasladar a los obreros temporales o los que trabajaban todo el año como intermediarios de Terra Fecundis en suelo francés: “Terra Bus Mediterráneo”, que también ha sido condenada, junto al resto de eslabones de la cadena, al pago de una multa y penas de cárcel no privativas de libertad.
Las 89 empresas agrícolas que recurrieron a los servicios de Terra Fecundis y que declararon ante el juez no han sido procesadas, evitando con ello cualquier condena, a pesar de que numerosos testimonios demostraron que varios de ellos no declaraban la totalidad de las horas trabajadas y acogían a los trabajadores desplazados en condiciones de trabajo degradantes.
Una larga investigación realizada entre 2012 y 2019 permitió conocer las duras condiciones de trabajo de los temporeros, que denunciaron semanas de trabajo de siete días, jornadas extenuantes y estafas salariales. Las condiciones de trabajo y alojamiento eran tan deplorables que a algunas de las explotaciones les llamaban “Guantánamo”, en referencia al centro de detención estadounidense en Cuba, o “La Cárcel”.
En el informe de los investigadores se recoge que uno de los alojamientos, en particular, resultó ser tan inadecuado para su uso como vivienda (habitaciones sin ventanas, cuatro veces menos lavabos que lo que recoge la ley, sólo una cocina de cinco funcionaba) que se decretó su cierre por orden de la Prefectura: “Se dan todos los elementos de la trata de seres humanos […]: captación, transporte desde España a Francia, alojamiento en condiciones indignas con fines de explotación laboral […], a cambio de una remuneración”.
Terra Fecundis fue acusada de llevar a cabo prácticas de “regateo” (suministro de mano de obra provocando un perjuicio al asalariado), de “trabajo no declarado”, de “operación ilegal de suministro de mano de obra”, todo ello llevado a cabo “en grupo organizado”. También se le acusaba de cometer un fraude de 112 millones de euros a la Seguridad Social.
Lo que no se ha juzgado es el delito de tráfico, aunque figura en otro juicio en curso, que instruye el tribunal de Tarascon por la muerte en 2011 de un trabajador ecuatoriano que falleció por deshidratación en una finca de melones.
En 2018, la facturación de Terra Fecundis, ahora denominada Work for All, superó los 57 millones de euros y en el año 2020 movilizó a 5.000 personas hasta explotaciones francesas.
Este es el primer juicio a gran escala en una región marcada por la explotación de la mano de obra extranjera. Sólo en el departamento de Bocas del Ródanos operan una treintena de empresas de trabajo temporal españolas.
