Un informe, elaborado por una comisión independiente, ha desvelado que a lo largo de los últimos 70 años entre 2.900 y 3.200 curas pederastas llegaron a abusar de 216.000 personas. Si a esto sumamos los abusos en colegios o instituciones católicas, el drama asciende a 330.000 víctimas.
A lo largo de 17 meses, los investigadores buscaron datos en archivos eclesiásticos, judiciales y policiales, y recibieron 6.500 llamadas o contactos de víctimas o familiares y, aunque la gran mayoría de las víctimas han muerto, miles siguen vivas y exigen una respuesta por parte de la iglesia.
La comisión de investigación propone «reconocer la responsabilidad de la Iglesia», una responsabilidad que implica una «reparación» económica. «Hay que compensar el perjuicio sufrido por las víctimas, incluso sin ninguna falta identificada y caracterizada por parte de la Iglesia», señaló el responsable del informe.
Nada más conocer el texto, los obispos franceses han decidido recurrir a la venta de bienes muebles e inmuebles de la Conferencia Episcopal Francesa y de las diócesis, así como a un préstamo, para pagar las indemnizaciones a las víctimas que han sufrido abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia. Una cantidad que no se ha precisado pero que se intuye millonaria.
Los obispos han decidido no utilizar el dinero proveniente de las donaciones de los católicos franceses para el fondo de compensación para las víctimas de abusos sexuales, tal y como anunció este lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Eric de Moulins-Beaufort, tras la reunión que los obispos han mantenido durante una semana en Lourdes.
«Esta mañana, los obispos de Francia hemos decidido dotar este fondo, tanto como sea necesario, deshaciéndonos de los bienes muebles e inmuebles de la Conferencia de Obispos o de las diócesis. No utilizaremos las donaciones de los fieles. Todos los obispos han aceptado identificar en sus diócesis los bienes de los que se puedan deshacer. También hemos decidido, si hace falta, firmar un préstamo para cumplir con nuestras obligaciones», ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa.
Asimismo, los prelados han acordado crear un organismo nacional independiente de reconocimiento y reparación de las víctimas, que examinará las denuncias y estará encabezado por la jurista Marie Derain de Vaucresson.
El encuentro episcopal de Lourdes se cerró con el compromiso de crear un tribunal canónico nacional, que entrará en funcionamiento el próximo mes de abril y que sancionará, también con penas eclesiásticas, a aquellos responsables católicos que hayan abusado de menores o protegido a pederastas, y la firma de un protocolo de actuación con las fiscalías francesas.
España e Italia se niegan a elaborar una investigación para hacer memoria de los abusos en la Iglesia
Junto al paso adelante de la Iglesia francesa, los obispos portugueses también se han comprometido a llevar a cabo una investigación interna para averiguar «la verdad histórica» sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la institución, así como para proteger a las víctimas y evitar que se produzcan más casos, mientras España e Italia se niegan a elaborar una investigación o a permitir que una auditoría externa tenga acceso a sus archivos diocesanos o de congregaciones para hacer memoria de los abusos en la Iglesia.
Esta práctica ya es habitual en todos los episcopados europeos, desde Polonia a Reino Unido, pasando por Alemania, Austria, Holanda o Suecia, pero la Conferencia Episcopal Española ha sido clara al respecto: «No vamos a hacer seguramente de manera proactiva un programa de investigación general», señaló hace un mes Luis Argüello.
El paso más cercano hasta la fecha han sido las declaraciones del cardenal de Madrid, Carlos Osoro, en El Objetivo (La Sexta), subrayando que «las víctimas son sagradas» y mostrándose dispuesto a ir hasta el final para erradicar los abusos en el seno de la Iglesia.
Sin embargo, en la realidad los obispos españoles sólo reconocen 220 casos de abusos en las últimas dos décadas, según las cifras oficiales remitidas desde la Congregación para la Doctrina de la Fe de Roma. No hay en marcha, ni prevista, ninguna investigación sobre el alcance de la pederastia en la Iglesia española, que se sigue negando a que el horror desvelado por el «Informe Sauvé» pueda extrapolarse a España.
