El próximo 16 de noviembre comenzará el macrojuicio de la llamada Época II del caso Gürtel, referida a las actividades de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. El reconocimiento de los hechos por parte de los principales imputados puede acercar al PP a una tercera condena por beneficiarse de la corrupción, la segunda bajo el mandato de Pablo Casado.
De momento en el caso Boadilla, ocho de los acusados, de los 27 a los que el juez José de la Mata envió al banquillo, han confesado su implicación en la red de corrupción y han respaldado, a través de escritos enviados a la Audiencia Nacional, la tesis del ministerio público, una iniciativa con la que buscan reducciones de condena de prisión y con la que se comprometen también a pagar multas millonarias si este reconocimiento sirve a la Fiscalía Anticorrupción para acreditar su acusación ante el tribunal.
Cuando el magistrado instructor José de la Mata dictó el auto de apertura de juicio oral en junio de 2016, describió a lo largo de 182 páginas cómo la red de corrupción se asentó en Boadilla del Monte gracias a los tentáculos políticos tejidos por Francisco Correa en el PP y cómo, entre 2001 y 2009, se entregaron sobornos a las autoridades y funcionarios locales para conseguir supuestamente adjudicaciones para sus sociedades o para empresas de terceras personas.
Según el juez, “el PP resultó beneficiado con la actuación de la trama corrupta en una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas” entre 2001 y 2009, una cantidad que, según los acusados, acabó en las cuentas en B del PP nacional para financiar campañas electorales.
Dos condenas anteriores para el PP
En 2018 el PP fue condenado por corrupción en la sentencia del caso Gürtel, una sentencia de 1.700 folios que detalla un auténtico sistema de corrupción institucional, malversación y blanqueo de capitales. La Audiencia Nacional consideró probada la existencia de una «caja negra», de una contabilidad paralela del partido en el gobierno, al menos desde 1989, de la que Bárcenas era el responsable. En la que fue la primera condena por corrupción a un partido político en España, el Partido Popular tuvo que pagar más de 245.000 euros por beneficiarse de la trama a título lucrativo.
Tres años después, la Audiencia Nacional condena por segunda vez al Partido Popular al sentenciar que la reforma de la sede del PP de la calle Génova de Madrid se pagó con dinero de la caja b del partido. De la misma forma, condena al extesorero Luis Bárcenas a dos años de cárcel y al PP como responsable civil subsidiario.
La Audiencia juzgaba si el Partido Popular pagó con 1,5 millones en negro la reforma de su sede entre los años 2006 y 2010, y si escamoteó los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública. El partido depositó 1,2 millones en la cuenta de consignaciones del juzgado para evitar su embargo, como responsable civil por los posibles delitos cometidos por el extesorero Bárcenas, el exgerente Páez o el arquitecto que la reformó, Gonzalo Urquijo.
Confesión de ocho de los 27 acusados
Los empresarios José Luis Ulibarri y Jacobo Gordon (antiguo socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar) también admitieron la comisión de delitos de cara al juicio. De la Mata señaló a Ulibarri por pagar un millón de euros a la red Gürtel para que el Ayuntamiento concediera una parcela a una de sus empresas.
Por su parte, Jacobo Gordon, remitió el 14 de octubre un escrito a la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso El País, en el que admitía su participación en delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. Según cuenta este procesado, ayudó a la trama a mover el dinero mediante facturas falsas emitidas por su compañía.
El último en confesar ha sido el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, quien ha confirmado que dio un «trato de favor» a las empresas de Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa. Además, reconoció que la dirección nacional del PP le ordenó desviar una parte de las mordidas a campañas electorales.
González Panero ha asegurado además, como Bosch, que Correa y Crespo le llegaron a imponer unas «reglas de conducta» que él interpreta como «amenazas y presiones» y le recordaban los regalos que con que la trama le había surtido.
Ahora habrá que esperar al juicio para ver qué efectos pueden estas confesiones para el resto de acusados y para PP.
Deberíamos conocer el nivel de implicación y la responsabilidad de los funcionarios que firmaron, avalaron la legalidad de los correspondientes expedientes de contratación de las obras adjuficadas y el seguimiento de los mismos.