La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que condena a la exalcaldesa de Izquierda Unida de Alcalá del Valle (Cádiz), Dolores Caballero, y al exconcejal de Bienestar Social José Hinojosa, a 8 años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Este delito se vincula con la contratación directa de 128 trabajadores municipales entre marzo y septiembre de 2015, al margen del procedimiento legalmente establecido.
Según los hechos comprobados, la exalcaldesa y el exconcejal, pese a ser conscientes de la inadecuación del procedimiento, llevaron a cabo estas contrataciones temporales justificándolas por supuestas necesidades sociales de los contratados. Las contrataciones eran formalizadas por la alcaldesa o, por delegación suya, por otro concejal, bajo propuesta del concejal de Bienestar Social.
En marzo de 2015, tras la firma de alrededor de cincuenta contratos de corta duración, la interventora del Ayuntamiento informó que estas contrataciones no cumplían con el procedimiento legal. En su informe, comunicó a los acusados que ninguno de los contratos se ajustaba al proceso requerido para la selección de personal temporal en Administraciones Públicas.
El tribunal sostiene que los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa. Esta situación implica la contratación directa de trabajadores municipales sin respetar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Esto incumple los condicionamientos constitucionales del empleo público y los principios de objetividad e interdicción de la arbitrariedad que rigen la actuación administrativa.
El fallo subraya que la ilegalidad de estas acciones es tan evidente que no puede ser pasada por alto por quienes ostentan la máxima autoridad municipal, independientemente de las advertencias de los funcionarios técnicos del Ayuntamiento.
Además, resalta la injusticia de los resultados generados por estas contrataciones a dedo, impidiendo que otros candidatos, potencialmente igual o más capacitados, tuvieran la oportunidad de acceder a esos puestos laborales.
La Sala del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por los condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, confirmando la condena de 8 años y medio de inhabilitación.
Una investigación revela presiones federales, acceso a datos sensibles y sospechas de exclusión masiva de…
Ingenieros, directivos y empresas chocan por los límites éticos de una tecnología que ya marca…
No es un festival de música cuando se normaliza la guerra: es un escaparate blanqueado…
¿Qué posibilidades reales tiene Vito Quiles de entrar en la cárcel?: el precedente que complica…
La detención del activista en aguas internacionales convierte la ayuda humanitaria a Gaza en un…
Doce años de investigación terminan sin juicio y con demasiadas preguntas sin responder Ni absolución…