Juezas y Jueces para la Democracia emite un comunicado ante las recientes manifestaciones públicas emitidas desde el ámbito empresarial eólico y diversos responsables de la Administración autonómica contra las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La entidad ha salido al paso, en defensa de la independencia judicial y la dignidad de todos los miembros del TSXG, de las acusaciones vertidas recientemente desde el ámbito de Greenalia, la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación de Industria del sindicato CCOO Galicia e incluso desde altos cargos del PP en la Xunta, criticando sentencias vinculadas a proyectos de parques eólicos como el Bustelo, Campelo y Monte Toural.
Para la asociación, si bien “la crítica o valoración a las resoluciones judiciales es legítima”, lo sucedido muestra que “las manifestaciones realizadas desgranaron un escenario falso” al haber optado “por el ataque personal a un órgano judicial entero a través del ataque a un magistrado de los que conforman la sala”.
“En los últimos tiempos fueron impugnados ante los tribunales diversos actos administrativos dictados en relación con la instalación de parques eólicos. El Tribunal Superior de Xustiza tuvo que resolver si la Administración había respetado en la tramitación las normas y leyes vigentes. Esa es una de las funciones de los Tribunales, y es una garantía básica de la ciudadanía frente al poder económico, pero también frente al poder político” -recuerda el colectivo jurídico-.
Juezas y Jueces para la Democracia explica que “en el inicio de la tramitación, alguna de las empresas pretendió que se variase el Tribunal que debía resolver, aduciendo una causa de recusación contra un magistrado de la sala” pero “hace más de un año que el resto de la sala rechazó tal pretensión” con lo que “acudir ahora a tal argumento evidencia poca consistencia de los otros que usó” pero hay que tener en cuenta, además, que “los asuntos se resolvieron con resoluciones asumidas por la totalidad de los miembros del Tribunal, al ser dictadas con el voto unánime de ellos, y no con el voto ni principal ni decisivo de quien es blanco de tan gratuito ataque“. Por otra parte, para la entidad, “diversos fueron también los ponentes que asumieron la redacción de las resoluciones” por lo que “de ninguna forma está justificado el ataque a uno de ellos con desprecio a él, pero también al resto de integrantes de la sala a los que se ningunea”.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia se recuerda que “el papel de los Tribunales es la aplicación de la Ley, también contra decisiones de la Administración que, cuando menos en parte, es responsable de la producción de normas aplicables a los casos” ya que “una vez dictada una norma, también la Administración está vinculada a ella y a la interpretación que los tribunales hagan de la misma” por lo que “un responsable político no puede seriamente atribuir la causa de la inseguridad jurídica a las decisiones de los tribunales” porque “es en el ámbito político en el que se deben decidir las normas, pero los responsables políticos están vinculados a ellas y son ellos los que deben evitar, precisamente, que los tribunales tengan que corregir sus actuaciones por inobservancia de los procedimientos” pues “si consideran que las tramitaciones producen inseguridad, o varían las normas o varían su proceder”.
“Que desde la Consellería y desde unas empresas se produzcan manifestaciones como las de estos días, que no aportan argumentos jurídicos sobre el fondo sino calificaciones personales, es un ataque personal a la independencia judicial” -añade el colectivo jurídico-. Porque “por esta vía, un grupo de empresas privadas con importantes intereses económicos pretende que un Tribunal mude de criterio al margen de las vías legales o, cuando menos, que se altere la composición de la Sala en un intento de obtener una respuesta más beneficiosa a sus intereses”. Por este motivo, para Juezas y Jueces para la Democracia, “es el momento de reclamar a la Xunta que evidencie que, comparta o no la interpretación que hacen los tribunales de las normas, comparte que su posición institucional es la de aceptar esas interpretaciones y apoyar al Poder Judicial” porque “cualquier otro comportamiento, actitud o mensaje será incomprensible” -concluye la entidad-.
