El Congreso de los Diputados se ha adherido al recurso de súplica presentado este miércoles por el Senado, donde se pide al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda con carácter urgente la tramitación parlamentaria en la Cámara Alta de las dos enmiendas que buscan renovar el propio TC.

Esta decisión mantiene vigente la paralización y, por tanto, cierra la puerta para que sean votadas en el pleno del jueves, incurriendo así de «la mayor de las perturbaciones posibles», según la Cámara Baja, que ha advertido además a la corte de garantías de que «las Cortes Generales son inviolables». «Lo que ha de entenderse que se extiende al modo en que desarrollan sus funciones constitucionales», ha añadido.

Había una posibilidad de que la votación en la Cámara Alta pudiera llevarse a cabo. La Fiscalía del TC había pedido estudiar la recusación del presidente y otro magistrado, ambos conservadores, antes de dar respuesta al recurso del Senado, pero el TC no ha accedido a ello.

El Congreso apoya al Senado y avisa al Tribunal Constitucional: 'Las Cortes Generales son inviolables'
El Congreso apoya al Senado y avisa al Tribunal Constitucional: ‘Las Cortes Generales son inviolables’

Si los dos miembros del TC hubieran sido recusados, el Tribunal Constitucional habría dejado de tener mayoría conservadora y habría pasado a tener mayoría progresista para estudiar el recurso del Senado. Sin embargo, esto no ha sucedido y el recurso del Senado ha sido denegado.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, el Congreso ha recordado que, conforme a la ley que rige el TC, la medida cautelarísima (que solicitó el PP y que fue decidida por el Tribunal Constitucional) «debe ser ponderada», no siendo posible adoptarla «si ocasiona una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, a los derechos fundamentales o a las libertades de otra persona».

«En este caso, la suspensión ha ocasionado la mayor de las perturbaciones posibles que se puedan imaginar, no solo a un ‘interés constitucionalmente protegido’, sino todavía más grave, a una función del Estado, como es la función legislativa otorgada en exclusiva a las Cortes Generales», ha defendido la Cámara Baja.

El Congreso entiende que esta perturbación se debe a que la suspensión «ha afectado a una tramitación en curso, y aún no finalizada, de una ley, eliminándose una parte de un texto que fue aprobado legítimamente por la Comisión de Justicia y el Pleno del Congreso».

Además, ha señalado que «las consecuencias de tal perturbación se pueden calificar de ‘graves'» porque «la medida cautelar viene a tener el efecto de que se modifica por el TC el texto aprobado por el Congreso, como si se tratara de una enmienda de supresión», y «se impide que el Senado pueda pronunciarse sobre lo realmente aprobado», de modo que «ahora es del todo imposible que se puedan presentar, debatir y votar» dichas enmiendas.

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