Este miércoles, la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado el informe de ponencia sobre la proposición de Ley Orgánica para modificar el Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para abortar.

El PSOE, que llevó la iniciativa al Congreso, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos han pactado una enmienda transaccional al proyecto que ya salió adelante en el pleno. Todos los grupos parlamentarios han acordado seguir adelante con el trámite para convertir en delito el acoso frente a las clínicas donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo, excepto PP y Vox.

El informe de la ponencia incorpora dos cambios: se penará el acoso no solo a las mujeres que acudan a abortar, sino también al personal sanitario y administrativo de los centros, y no hará falta una denuncia de la persona agraviada o su representante legal para que se persiga el delito, algo que sucede en la actualidad , ya que las clínicas no pueden denunciar a quienes hostigan a las mujeres que acuden a sus centros, sino que deben ser las propias mujeres quienes lo hagan.

El Congreso aprueba la iniciativa para penar el acoso antiabortista, con PP y Vox en contra
El Congreso aprueba la iniciativa para penar el acoso antiabortista, con PP y Vox en contra

La iniciativa incluye penas de tres meses a un año de prisión o de trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 80 días y el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años a todos aquellos que con “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” menoscaben la libertad de las mujeres.

Reproches al PP

Tal y como recoge El HuffPost, Laura Berja, desde el PSOE, ha reprochado al PP que “se ponga de lado de Vox y de los que hostigan a las mujeres”. “Es muy triste que ustedes no evolucionen”, les ha dicho. Además, ha recordado que hace 11 años intentaron “boicotear” también la ley del aborto. “No se entiende que en un país como el nuestro, la derecha esté tan cerca de la ultraderecha”, ha señalado Berja, que considera “fascismo” llamar a la libertad de elección “exterminio”. “El aborto es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, por más que le duela a muchos diputados de esta sala”, ha zanjado.

Martina Velarde de Unidas Podemos ha señalado que al igual que los abortistas no van a la Iglesia a decirles a las mujeres que tienen el derecho a abortar, tampoco pueden ir “quienes rezan” a las clínicas a “acosar y coaccionar a las mujeres para que no ejerzan su derecho al aborto”. “No hay nada menos cristiano que quienes utilizan el rezo para golpear las libertades de las mujeres”, ha dicho.

Sara Giménez, diputada de Ciudadanos, ha reconocido el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo en caso de embarazo” y ha indicado que “el sistema tiene que ofrecer libertad para el ejercicio y la garantía del derecho al aborto”. En referencia a PP y Vox, Giménez ha lamentado que haya grupos en contra de la iniciativa y ha calificado de “insostenible” que las mujeres se enfrenten a situaciones de “hostigamiento” en un “estado democrático avanzado” como el nuestro.

Desde ERC, Pilar Vallugera ha negado, como dicen PP y Vox, que la proposición sirva para limitar los derechos de opinión o reunión, porque en el caso de los que acosan a las mujeres a las puertas de las clínicas, lo que hacen es “imponer sus creencias”, así que la “objeción” ejerce de “barrera a un derecho” como el del aborto. Asimismo, considera que lo que hacen los «provida» en los alrededores de las clínicas no es ejercer su derecho de reunión sino realizar “hostigamiento”, “amenazas” y “coacciones”, lo que constituye “un ejemplo más de violencia machista en nuestras calles”.

Por su parte, los de Vox, han calificado las clínicas donde se practica el aborto como «centros de extermino de seres humanos». «Frente al negocio de la muerte, nosotros no enmudeceremos», ha asegurado Patricia de las Heras, quien considera que la iniciativa  tiene un «beneficiario»: las propias clínicas, que se «lucran causando la muerte de otros».

María Teresa Angulo, del PP, ha dicho que el texto supone «otro ejemplo del sectarismo del PSOE y sus socios», ya que «limitan derechos» y «discriminan a unos españoles» por «pensar distinto» y «ofrecer información a las mujeres que acuden a abortar», lo que ha tachado de «inconcebible». «Se trata de una vulneración de derechos por sectarismo ideológico», ha señalado.

Sin embargo, la proposición sigue su camino parlamentario. Después de la votación en Comisión volverá al pleno y después pasará por el Senado.

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