Este jueves el Pleno del Congreso ha convalidado el decreto por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas del volcán de Cumbre Vieja y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma con el apoyo de todas las formaciones, a excepción de Vox, que se ha abstenido.
El decreto que contiene un paquete de ayudas por un importe de casi 214 millones de euros ha obtenido 295 votos a favor, y el único voto en contra y las 52 abstenciones de Vox.
Además, el Pleno ha rechazado tramitar este decreto como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, dado que, según han ido avanzando los portavoces de los grupos, se busca que estas ayudas lleguen lo antes posible a los afectados por el volcán.
El decreto recoge distintos tipos de ayudas. En materia de vivienda, la norma contempla ayudas para la reconstrucción de viviendas de hasta 30.240 euros por destrucción total y de 20.640 euros por daños que afecten a la estructura de la vivienda, entre otras. Asimismo, se concederán ayudas para paliar daños de cualquier naturaleza en los establecimientos industriales.
Planes de pensiones, contratos y devoluciones
Por otra parte, un presupuesto de 63 millones de euros irá destinado a un «Plan extraordinario de formación y empleo» para los habitantes de La Palma, que tendrán también un año de moratoria y sin intereses para las cotizaciones y se permitirá el rescate anticipado de sus planes de pensiones y fondos.
Para el sector agrario y pesquero el gobierno ha estipulado una partida de 20,3 millones de euros para paliar los perjuicios causados por el volcán en regadíos, caminos rurales, pesca y acuicultura. Se permutarán fincas para que los agricultores puedan continuar con su actividad y se destinará otra partida para reparar la infraestructura urbana que ha quedado dañada.
Por otro lado, la norma suspende durante tres meses los plazos legales para ejercer el derecho de desistimiento sobre cualquier contrato, así como los plazos de devolución de productos. En los casos en los que la empresa no pueda cumplir con los contratos, estas tienen un plazo de 30 días para devolver lo que los consumidores hayan pagado. Si depende del consumidor el recibimiento del bien o servicio puede elegir entre dos opciones: rescindir el contrato, sin ningún tipo de penalización, o aplazarlo con los términos que las dos partes acuerden.
Materia tributaria y suministro de electricidad
En materia tributaria, se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondientes al ejercicio 2021 que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales y locales de trabajo dañados, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes hayan sido realojados total o parcialmente en otras viviendas. También cuando se hayan producido pérdidas en las producciones agrícolas y ganaderas que constituyan siniestros cuya cobertura no resulte posible mediante aseguramiento público o privado. Además, se reducen las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas.
El texto también incluye la flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas para los que, excepcionalmente, y durante seis meses podrán suspender temporalmente, modificar sus contratos de suministro o las prórrogas de dichos contratos sin ninguna penalización.
