El Congreso va a buscar fórmulas destinadas a reforzar la independencia de los reguladores y la imparcialidad de las denominadas autoridades independientes, así como a mejorar la protección de los denunciantes de corrupción y blindarlas frente a posibles represalias.

Estos son los objetivos de la subcomisión que planea crear en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, que preside el líder de Más País, Íñigo Errejón.

La petición para crear esta subcomisión ha sido registrada con las firmas de los grupos Socialista, de Unidas Podemos, Ciudadanos, el PNV y el Grupo Plural, al que pertenece Más País.

Según han precisado Errejón a Europa Press la idea es retomar los trabajos que en este terreno dejó pendiente la misma comisión hace dos legislaturas, cuando estaba al frente de la misma el ya exdiputado de Ciudadanos Toni Cantó.

Azahara Peralta, junto a Ana Garrido y Luis Gonzalo Segura, denunciantes de corrupción
Azahara Peralta, junto a Ana Garrido y Luis Gonzalo Segura, denunciantes de corrupción

En aquella etapa, la Comisión de Calidad Democrática planeó analizar cómo hacer más democrático el funcionamiento de los partidos y más transparente su financiación y la de las fundaciones vinculadas a los mismos, imprimir más independencia a los órganos reguladores y ampliar la protección a los denunciantes de corrupción. Sin embargo, cumplió la primera parte del programa.

Tras recibir a más de una veintena de personas expertas en la materia, la comisión aprobó, en marzo de 2018, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, un documento con recomendaciones para reformar la legislación sobre el funcionamiento y la legislación de los partidos, aunque ninguna de ellas se ha aplicado hasta la fecha.

Pero después ya no llegó a convocar comparecencias para analizar fórmulas para mejorar el funcionamiento de los reguladores y las autoridades independientes ni para avanzar en la protección de denunciantes de corrupción.

Denunciantes de corrupción, una lucha constante

Denunciar la corrupción en España, se traduce en amenazas físicas, acoso laboral, despidos improcedentes, costosos procesos judiciales, etc. En definitiva, en un brutal y cruel enseñamiento por parte de este sistema corrupto. En este momento, la ley integral de protección de denunciantes de corrupción, lleva años empantanada en el Congreso de los Diputados.

En la Fundación Hay Derecho conocen muchos de estos casos de primera mano, ya que colaboran estrechamente con algunos de ellos a título individual y con la organización que los agrupa la plataforma por la honestidad.

El contacto de la Fundación con estos casos ha sido esencial para tomar conciencia de la necesidad, y la importancia, de proteger a denunciantes de corrupción que toman partido en la lucha contra esta lacra. El análisis de sus casos nos permite identificar los puntos débiles que deben ser considerados a la hora de establecer los derechos y los tipos de protección que una ley de este tipo debe tener en cuenta.

Caso Azahara Peralta o despido improcedente

Azahara Peralta es una de las ‘whistleblowers’ del caso Acuamed, empresa pública especializada en el tratamiento de aguas, que se transformó en una de los denunciantes de corrupción. Ella, ingeniera de profesión y entonces directora de Obra del proyecto de Acuamed en Tarragona para limpiar las aguas del Ebro, denunció el fraude junto a dos de sus compañeros, Francisco Valiente y Gracia Ballesteros.
La trama comienza en 2014 cuando la empresa contratista, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), plantea la aprobación de sobrecostes para el proyecto que dirige Peralta. La constructora reclamaba 40 millones de euros para cubrir futuros gastos. Peralta se niega a firmar dado que dichos costes no estaban justificados.

Entonces, empiezan las presiones. Peralta sigue oponiéndose a dar el visto bueno a los sobrecostes que se solicitan para descontaminar el embalse de Flix (Tarragona), dado que el proyecto no los requiere. La responsable de la obra considera que no se pueden ni valorar ni presupuestar costes futuros que en el presente no existen.

Ante su respuesta, Acuamed intenta justificar los 40 millones solicitados creando un Comité de Control Interno que realiza una auditoría en favor de esta suma. Ella y sus compañeros siguen negándose. A uno de ellos, su jefe, le echan de la empresa. Además, ponen en conocimiento del presunto fraude al ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, del que depende la empresa pública. El ministerio se desentiende.

Una vez más, piden a Peralta que firme. Esta vez es su nuevo jefe quien se lo requiere. Se vuelve a oponer y esa misma tarde es despedida. Entonces Peralta denuncia a la empresa pública por despido improcedente, ya que su cese se debe a su rechazo a respaldar la corrupción.

En diciembre de 2017 un juzgado de Madrid falla a favor de la responsable de obra y obliga a la empresa pública a readmitirla, considerando nulo su despido. Además, Acuamed deberá hacerse cargo de los daños y perjuicios ocasionados a Peralta, lo que incluye,  una indemnización de más de 50.000 euros. La empresa pública tendrá que abonarle la cuantía total correspondiente a su sueldo desde que fue despedida en julio de 2015.

Acuamed admite la acusación de la sentencia que recoge la nulidad del despido y, además, reconoce que su cese se produjo, efectivamente, por no firmar los 40 millones de euros en sobrecostes. Además, el fallo del tribunal pone también de manifiesto las presiones a las que fue sometida la ingeniera.

La sentencia da la razón a Peralta, que perdió su puesto de trabajo por denunciar la corrupción en una empresa pública.