El 8 de marzo de 2013 las feministas tomaron las calles como todos los años. Fue para combatir las medidas de Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia del Partido Popular quien en ese momento, quien planeaba una contrarreforma de la ley del aborto que conllevaba reducir la posibilidad de abortar en dos supuestos: violación y problemas psíquicos o físicos para la mujer.
Esta represiva medida de Gallardón requería, asimismo, el permiso de dos profesionales de la medicina para llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), suspendía el supuesto de malformación del feto y exigía el permiso de los progenitores para que las menores de edad pudieran abortar.
La ola de manifestaciones, acciones y performances feministas fue inmensa y entre otras iniciativas activistas, surgieron las Hermandades del Coño Insumiso en Sevilla y Málaga.
«Esta veneración que las activistas feministas hicimos de nuestro santo coño, se enmarcaba dentro de esa necesidad de reivindicación de nuestros cuerpos en un momento clave en el que el gobierno pretendía aprobar una reforma que suponía un retroceso de 30 años en materia de derechos sexuales y reproductivos. Quería volver a desagenciarnos e infantilizarnos», denuncian desde la organización de activistas feministas del Coño Insumiso de Málaga.
Las acciones desarrolladas durante 2013 y 2014 denunciaban también la evidente alianza entre la institución de la Iglesia Católica y el poder político vigente. «Se quería señalar la quiebra que suponía en un estado democrático de derecho, el hecho de dar voz mediática a los discursos de la curia española más conservadora en aras de consolidar el proyecto de Ley de Gallardón», señalan desde la campaña de apoyo al Coño Insumiso.
El movimiento feminista apostó por situar la fe y las creencias religiosas donde deben estar: en el ámbito de lo privado. Ningún poder religioso es representativo de la sociedad española en su conjunto. Se ponía en tela de juicio la alianza institucional interesada en reabrir un debate social ya superado, haciendo uso de argumentarios simples y maniqueos propios del siglo XIX, que atentan de forma directa contra los derechos de las mujeres y se alejan de los acuerdos internacionales suscritos por el estado español en materia de Derechos Humanos.
La acción performativa llevada a cabo en Málaga ese 8 de Marzo de 2013 le costó a una de las manifestantes una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos por el delito de «ofensa a los sentimientos religiosos», tipificado en nuestro código penal. «Esto no es otra cosa que elevar la blasfemia a la categoría de delito, algo que una sociedad laica y democrática no debería tolerar», indican desde la organización.
Años más tarde, la manifestante denunciada fue identificada a través de un vídeo colgado en la red, como consecuencia de que su imagen personal se hiciera pública en la ciudad de Málaga en periodo electoral. Es decir, un hecho absolutamente casual y aleatorio. En cuestión de meses, se sometió a esta persona a escarnio público en canales de televisión y medios de comunicación digitales afines a la Asociación de Abogados Cristianos, cuyos tertulianos y presuntos periodistas demostraron poseer una creatividad descomunal a la hora de inventar relatos que justificaran la denuncia realizada.
El 14 de octubre de 2020, 7 años después de la procesión, se celebró el juicio. «No solamente se juzga a una compañera, se nos juzga a todas las feministas», sentencian. «No permitiremos la represión del movimiento feminista. El 14 de octubre nos juzgaron a todas».
