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Ambas entidades presentaron en mayo una ICE para activar el artículo 7 del Tratado de la UE, que prevé un mecanismo para suspender el derecho a voto de un estado miembro que ponga en riesgo el estado de derecho, ya que consideran que España «ha vulnerado los derechos fundamentales».

El argumento de la Comisión para rechazar la ICE es que estas materias «quedan fuera de sus competencias», aunque la ANC y el Consell creer que su respuesta no se ajusta a la legalidad de la Unión Europea, aunque han admitido que el rechazo de la ICE era previsible, por lo que lo recurrirán al TJUE.

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