Construyendo la República; la cuestión social. Abril por la República (3)

Víctor Arrogante



La Segunda República se proclamó tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Las candidaturas republicanas consiguen la mayoría en 41 capitales de provincia, mientras que las zonas rurales fueron partidarias del orden monárquico. Quedan los grandes baños de multitudes de los republicanos y la perplejidad de los perdedores. Si Alfonso de Borbón dejó el trono fue porque no tenía armas con las que defenderlo.

Decía Ortega y Gasset que «para definir una época no basta con saber lo que en ella se ha hecho; es menester además que sepamos lo que no ha hecho, lo que en ella es imposible«. Cruzar la puerta del tiempo de abril de 1931 supone volver la vista atrás hacia una época compleja, marcada por la dictadura de Primo de Rivera apoyada por Alfonso de Borbón. De hecho, los comicios tuvieron carácter plebiscitario.

La República pasó por una etapa de transición hasta el mes de diciembre. Se iniciaron las primeras reformas que pondrían a la atrasada España a la altura del progreso en materia política y económica, porque aunque Primo de Rivera había modernizado algunos sectores económicos, no fue suficiente y la vida pública seguía en manos de los que tradicionalmente la habían controlado.

Unas de las primeras medidas estuvieron encaminadas  a la secularización del Estado. La nueva Constitución estableció la libertad de cultos en España, la separación de la Iglesia y el Estado, la limitación de las congregaciones religiosas y, en definitiva, la creación de una nación aconfesional que es lo que se estaba llevando en Europa. Algunos de los problemas sociales de aquella época siguen teniendo vigencia hoy, y los comportamientos de la derecha siguen siendo parecidos, ejerciendo el poder para beneficio propio, muy alejado de los intereses de la mayoría trabajadora.

La cuestión catalana actual viene de lejos. Desde un principio se abordó lo que se venía en llamar «la cuestión regional», dotando a Cataluña de un estatuto que respondía a una visión unitaria de España y no federal, como los independentistas pretendían. Se subordinó el poder militar al poder civil, con escaso éxito, como luego se vio. Se abordó la cuestión social con mejoras para las clases menos favorecidas y se puso sobre la mesa la necesidad de una reforma agraria que rompiera definitivamente con los grandes señoríos que hundían sus raíces en el Antiguo Régimen.

Ajustado el caos inicial fruto del cambio en la orientación de la política nacional, se iniciaba el Bienio Reformista (1931-1933). El Estado republicano quedaba legitimado democráticamente por las elecciones del 28 de junio y la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931, que traía la libertad religiosa, libertad de expresión, asociación, reunión y el derecho de autonomía. Esta nueva fase, tuvo como presidente del Gobierno a Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora presidente de la república. Se plantearon profundas reformas socio-culturales: el divorcio, el matrimonio civil o la secularización de cementerios, como pasos agigantados en materia religiosa, cosas que hasta entonces habían sido impensables.

El Gobierno Provisional, se mantuvo hasta la aprobación de la Constitución. El nuevo Gobierno tuvo que hacer frente a las llamadas cuestión regional, cuestión religiosa, cuestión militar, cuestión agraria y cuestión social. Demasiadas cuestiones, que hoy siguen en nuestras vidas como viejos fantasmas. Todo en un ambiente influenciado por la depresión económica tras el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929. Creció el desempleo en las ciudades y se incrementó el subempleo en el campo, disminuyendo las expectativas de bienestar para todos. En medio de una alta conflictividad social, se desarrolló el gobierno formado por la coalición republicano-socialista.

El ministro de Trabajo Largo Caballero, promovió una reforma laboral, que otorgaba a los trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor control sobre las empresas. Era un proyecto coherente con los principios marxistas del socialismo español, que no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, que pretendía alcanzar por cauces pacíficos y democráticos. Se aprobó la ley de contratos de trabajo y de jurados mixtos; se estableció la jornada laboral de 40 horas; hubo aumento de salarios y se impulsaron los seguros sociales. Se amplió el Seguro obligatorio de Retiro Obrero, se estableció el Seguro de Maternidad y el Seguro de Accidentes de Trabajo. Las organizaciones patronales se opusieron a todas estas medidas.

Las dificultades económicas tenían una raíz interna tradicional: el paro agrícola y desigualdad en el reparto de la tierra; descapitalización industrial, agrícola y débil industrialización, con escasa competitividad internacional. Por otro lado se sumaron los problemas derivados de la escasa confianza de empresarios y propietarios agrícolas hacia el nuevo sistema republicano. Tampoco los anarquistas y comunistas estaban muy contentos con la República, a la que consideraban una «república burguesa y traidora».

Más tarde, los sucesos de Casas Viejas, no hicieron más que agravar la conflictividad social y derribar al gobierno del primer bienio republicano. La proclamación del comunismo libertario apenas tuvo repercusión en 1933, salvo en la aldea gaditana, que vivió una brutal represión. Las movilizaciones, de espíritu anarquista, habían sido convocadas por CNT y FAI. Las fuerzas del orden público ejecutaron a 22 campesinos, e incendiaron la choza de Seisdedos con la familia y siete braceros dentro. La masacre hizo tambalear el primer Gobierno de la República y al presidente, Manuel Azaña.

El Gobierno esperaba que las medidas sociales redujeran el número de huelgas, pero la paz social no se produjo a causa de la incidencia de la recesión económica, y sobre todo por la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación, que identificaba con el corporativismo de Primo de Rivera. La CNT se opuso radicalmente a la ley de contratos de trabajo y a los jurados mixtos y se lanzó a la acción directa para conseguir por otros medios el monopolio de la negociación laboral.

El artículo 46 de la Constitución establecía que «el trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes«. La República aseguraba a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. «Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección de la maternidad» Estos artículos son claves, en la historia del constitucionalismo español al reconocer los derechos sociales en España por vez primera, obligando al Estado a que intervenir para su garantía y cumplimiento.

También en su artículo 47 establecía que la República protegerá al campesino y a los pescadores, legislando entre otras materias «sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación».

Hay que resaltar la iniciativa que aprobó la ley de Defensa de la República, para reforzar el Orden público, del 21 de octubre de 1931: «Artículo 1. Son acto de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley: La incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la autoridad; la incitación a la indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados o entre éstos y los organismos civiles: difundir noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público: la comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedades por motivos religiosos, políticos o sociales o la incitación a cometerlos: toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado». Se refería como acto de agresión a la apología del régimen monárquico: la tenencia ilícita de armas de fuego o sustancias explosivas prohibidas.

En el orden social, la ley castigaba la suspensión o cesación de industrias o labores sin justificación bastante; «las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro plazo marcado en la ley especial; las declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a un procedimiento de arbitraje o conciliación; la alteración injustificada del precio de las cosas. Y la falta de celo, la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios».

La República fue recibida por la mayor parte de la población con gran entusiasmo. Representaba una oportunidad histórica para abordar las reformas necesarias. No pudo desarrollarse en su totalidad. Se pretendió modernizar el país y promover la justicia social y los estamentos sociales corporativos afectados lo impidieron.

Los republicanos de izquierda pretendían consolidar la democracia sin cambiar el sistema. Por el contrario, los socialistas, consideraban que el sistema democrático, era un paso intermedio hacia una sociedad nueva de igualdad, justicia y libertad, y daban prioridad a las reformas sociales.

El enemigo político de la República, mantenía sus posiciones de poder intactas y no permitió más reformas, hasta que consiguió su eliminación total.

 


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