Carlota Ruiz Bautista
Abogada medioambiental de IIDMA


30 de junio de 2020: se acerca la fecha en la que las centrales de carbón incluidas en el Plan Nacional Transitorio que no hayan realizado las adaptaciones necesarias para cumplir con los nuevos límites de emisión de la normativa europea deberán echar el cierre. Por ello, las compañías dueñas de estas instalaciones deben definir y acordar, con urgencia, cuáles son sus planes con respecto a estas.

Así, a finales de 2018, las dos empresas con mayor capacidad instalada de carbón en España – Endesa y Naturgy – presentaron las solicitudes de cierre de cinco de las centrales de carbón que operan hoy en día, así como de dos grupos de otra. Estas solicitudes, se añaden a las dos presentadas en 2017 por Iberdrola para Lada y Velilla.

Endesa, que ya comunicó en diciembre que había presentado las solicitudes para Andorra (Teruel) y Compostilla (León), anunció también en enero de 2019 que había presentado la solicitud de cierre para los grupos 1 y 2 de la central de Alcudia. No obstante, la empresa ha recalcado que para estos dos últimos grupos, no se trata de una decisión irreversible, si bien la única manera de continuar funcionando a partir de enero de 2020 es si la central se adapta a los límites de emisión más estrictos previstos en la normativa europea.

También en enero se confirmó otra noticia dentro del sector, prevista ya desde hacía algún tiempo: Naturgy, después de haber anunciado en un primer momento su intención de realizar inversiones en alguna de sus centrales, presentó finalmente el pasado mes de diciembre las solicitudes de cierre para todas sus centrales de carbón: La Robla (León), Meirama (La Coruña) y Narcea (Asturias). Además, la eléctrica ya obtuvo en noviembre la autorización para cerrar la central de Anllares (León).

Cada uno de estos cierres estarían condicionados a la presentación previa por parte de las compañías eléctricas de planes de transición justa para los trabajadores de las centrales. Asimismo, otro de los requisitos necesarios para obtener vía libre para el cierre sería una evaluación previa por parte de Red Eléctrica de España (REE) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que deben concluir si los cierres afectarían o no a la seguridad de suministro, entre otras cosas. A ese respecto, cabe subrayar que, en el informe de Red Eléctrica de España elaborado en julio de 2017 a raíz de la solicitud de cierre de Anllares, se estima que aunque se retirasen del servicio 4.000 MW de carbón en 2019 se podría cubrir la demanda eléctrica nacional. El gestor de la red considera que sin esas centrales en funcionamiento se podrían cubrir los picos máximos de demanda previstos hasta el año 2022.

La resolución favorable de esas solicitudes de cierre es un paso en la buena dirección ya que poner fin a la generación de electricidad con carbón es algo imperativo en nuestro país y debe producirse a más tardar en 2025. Numerosos países entre ellos Italia, Francia, Reino Unido o Portugal han anunciado ya fechas oficiales para el fin del carbón entre 2020 y 2025. España debería ser la próxima en unirse a ellos e incluir en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) una fecha límite para el cierre de todas las centrales en España, que debería ser 2025 como muy tarde. De lo contrario, se corre el riesgo de que algunas de las centrales, para las cuales se han acometido ya las inversiones, continúen funcionando más allá de esta fecha. Esto pondría en riesgo la consecución de los objetivos del Acuerdo de París.

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