Contra las cuerdas: la nueva declaración de la gerente del PP en Salamanca refuerza las sospechas sobre financiación ilegal de los populares en Castilla y León

Este lunes informábamos sobre la supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León que permitió el pago de cuotas a afiliados morosos y les permitió votar en las primarias para decantar la balanza a favor del ahora presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En defensa de aquellos pagos de cuotas, 39 cargos del PP firmaron sendas declaraciones juradas, en las que señalaban que habían aportado distintas cantidades procedentes de su «patrimonio personal» para «el pago de cuotas adeudadas» por otros afiliados. Entre ellos se encuentran el diputado Bermúdez de Castro y el senador Robles Orozco, quienes aseguran haber entregado 1.000 euros cada uno en el «Grupo Popular de la Diputación de Salamanca» y que han sido citados a declarar el próximo 1 de junio.

Hace 3 semanas, la gerente del PP de Salamanca aseguró ante el juez desconocer la existencia de esas 39 declaraciones juradas, donde 28 cargos y asesores así como otros 11 militantes afirmaban haber entregado dinero en metálico para pagar las cuotas de afiliados morosos.

Ahora, en su comparecencia del día 7, además de ratificar que ni le dieron cuenta de nada sobre aquellas declaraciones juradas, ni procedió a la distribución del dinero, ni conoce la identidad de los afiliados beneficiados, añadió que ella nunca habría aceptado dinero en efectivo, tal y como ha informado infoLibre.

Por su parte, el PP, tanto en Génova como en Salamanca, no ha querido explicar al citado medio su versión sobre el origen y la entrega de unas donaciones efectuadas sin recibo que acredite su existencia. Las aportaciones con billetes en mano sumaron 17.350 euros mientras que otras efectuadas mediante ingresos bancarios ascendieron a 23.655 euros. La acusación popular, ejercida por el Foro de Izquierdas-Los Verdes, cree que el origen del dinero era una caja B.

La ley que regula la financiación de las organizaciones políticas prohíbe las donaciones finalistas

Además, el lugar donde fueron depositados los fondos no fue la sede del partido sino el grupo del PP en la Diputación salmantina, presidida por Javier Iglesias, a quien la Audiencia ha citado a declarar como testigo al igual que los aportantes de fondos.

El caso fue abierto en 2019 a raíz de una denuncia anónima y ocho días después, el juez decano de Salamanca, Juan Rollán, decretó el archivo de las diligencias por considerar que carecían de «tipicidad penal» ya que, en opinión del juez instructor, «el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”. El caso fue reabierto en abril de 2020.

Según infoLibre, fuentes conocedoras del caso y ajenas a la acusación popular han confirmado que la línea de defensa del PP radica en el siguiente argumento: que quienes pusieron dinero en metálico sin que nadie les diese a cambio un recibo ni un certificado con validez a efectos tributarios, sostienen que no han hecho una donación sino lo que el Código Civil considera un pago por terceros, es decir, la liquidación de una deuda contraída por otra persona incluso si el deudor ignora que alguien ha saldado lo que debía.

Pero el problema es que «el dinero aportado aquí es una donación», tal y como señala el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria. Además, otra fuente consultada por el medio añadió que al efectuar entregas dinerarias al partido con el objeto confeso de pagar cuotas de morosos, el donante deja en manos de la organización quién pasará a adquirir el derecho de voto y quién no.

«Si realmente creían que esto era un pago por terceros habrían tenido una fórmula a su disposición: contactar con el afiliado que debe las cuotas y darle a título personal el dinero necesario para que él las pagase. Si se lo das al partido es una donación», ha señalado esta segunda fuente.