Este lunes informábamos sobre la supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León que permitió el pago de cuotas a afiliados morosos y les permitió votar en las primarias para decantar la balanza a favor del ahora presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En defensa de aquellos pagos de cuotas, 39 cargos del PP firmaron sendas declaraciones juradas, en las que señalaban que habían aportado distintas cantidades procedentes de su «patrimonio personal» para «el pago de cuotas adeudadas» por otros afiliados. Entre ellos se encuentran el diputado Bermúdez de Castro y el senador Robles Orozco, quienes aseguran haber entregado 1.000 euros cada uno en el «Grupo Popular de la Diputación de Salamanca» y que han sido citados a declarar el próximo 1 de junio.

Hace 3 semanas, la gerente del PP de Salamanca aseguró ante el juez desconocer la existencia de esas 39 declaraciones juradas, donde 28 cargos y asesores así como otros 11 militantes afirmaban haber entregado dinero en metálico para pagar las cuotas de afiliados morosos.

Ahora, en su comparecencia del día 7, además de ratificar que ni le dieron cuenta de nada sobre aquellas declaraciones juradas, ni procedió a la distribución del dinero, ni conoce la identidad de los afiliados beneficiados, añadió que ella nunca habría aceptado dinero en efectivo, tal y como ha informado infoLibre.

Contra las cuerdas: la nueva declaración de la gerente del PP en Salamanca refuerza las sospechas sobre financiación ilegal de los populares en Castilla y León
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Por su parte, el PP, tanto en Génova como en Salamanca, no ha querido explicar al citado medio su versión sobre el origen y la entrega de unas donaciones efectuadas sin recibo que acredite su existencia. Las aportaciones con billetes en mano sumaron 17.350 euros mientras que otras efectuadas mediante ingresos bancarios ascendieron a 23.655 euros. La acusación popular, ejercida por el Foro de Izquierdas-Los Verdes, cree que el origen del dinero era una caja B.

La ley que regula la financiación de las organizaciones políticas prohíbe las donaciones finalistas

La ley que regula la financiación de las organizaciones políticas veta las aportaciones y donaciones en efectivo, vengan de donde vengan y sea cual sea su cuantía hasta el máximo permitido: 50.000 euros por año y prohíbe de forma expresa las donaciones finalistas, es decir, las destinadas a un objetivo concreto, como sería en este caso el pago de cuotas debidas por terceros.
Sin embargo, las declaraciones juradas de los 39 afiliados del PP salmantino señalaban que el dinero aportado era para pagar las cuotas adeudadas de afiliados del Partido Popular en Salamanca y el abono se hizo en metálico. Y, aunque la lectura de las declaraciones sugiere la preexistencia de una plantilla, no se sabe quién la elaboró.
Una de las incógnitas que se plantea es la de por qué tanto Bermúdez de Castro y otros cuatro cargos del PP salmantino que entregaron1.000 euros cada uno, el militante que donó 1.200 o los 14 correligionarios que aportaron 500 por cabeza optaron por hacer el abono en metálico en lugar de hacer una transferencia o un ingreso bancario.

Además, el lugar donde fueron depositados los fondos no fue la sede del partido sino el grupo del PP en la Diputación salmantina, presidida por Javier Iglesias, a quien la Audiencia ha citado a declarar como testigo al igual que los aportantes de fondos.

El caso fue abierto en 2019 a raíz de una denuncia anónima y ocho días después, el juez decano de Salamanca, Juan Rollán, decretó el archivo de las diligencias por considerar que carecían de «tipicidad penal» ya que, en opinión del juez instructor, «el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”. El caso fue reabierto en abril de 2020.

Según infoLibre, fuentes conocedoras del caso y ajenas a la acusación popular han confirmado que la línea de defensa del PP radica en el siguiente argumento: que quienes pusieron dinero en metálico sin que nadie les diese a cambio un recibo ni un certificado con validez a efectos tributarios, sostienen que no han hecho una donación sino lo que el Código Civil considera un pago por terceros, es decir, la liquidación de una deuda contraída por otra persona incluso si el deudor ignora que alguien ha saldado lo que debía.

Pero el problema es que «el dinero aportado aquí es una donación», tal y como señala el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria. Además, otra fuente consultada por el medio añadió que al efectuar entregas dinerarias al partido con el objeto confeso de pagar cuotas de morosos, el donante deja en manos de la organización quién pasará a adquirir el derecho de voto y quién no.

«Si realmente creían que esto era un pago por terceros habrían tenido una fórmula a su disposición: contactar con el afiliado que debe las cuotas y darle a título personal el dinero necesario para que él las pagase. Si se lo das al partido es una donación», ha señalado esta segunda fuente.

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1 Comentario

  1. Lo que hemos sabido todos los que vivimos en Sicilia y León. Ganan porque siempre han y hacen trampas. Espero y deseo que a partir de esta investigación, se destapen todas las tropelías, chanchullos, choriceos y fraude cometidos durante los últimos 30 años por estos impresentables cuya gestión ha provocado una comunidad vaciada, un modelo de gestión al estilo provinciano y feudal donde los derechos y servicios más básicos, son violados y mancillados continuamente.

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