La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada está investigando los contratos realizados por la Junta de Andalucía bajo el mandato del Partido Popular (PP) durante la pandemia.

La polémica gira en torno a las contrataciones exprés, que ya han sido anuladas por la justicia en el plano contencioso administrativo, pero la investigación de la Fiscalía sugiere la existencia de delitos penales.

El modelo de contratación permitía que, tras la publicación de la oferta de empleo en la web de la Junta y solo con la presentación de correos electrónicos por parte de los candidatos en un plazo de 24 horas, con titulación y declaración responsable, pudieran otorgarse plazas interinas en la administración andaluza.

Las contrataciones superaron las 3.400 plazas en distintas convocatorias, ya que hubo ofertas en las que no se especificó el número de puestos a cubrir.

Contratos irregulares en Andalucía: Bendodo investigado por la Fiscalía Anticorrupción
Contratos irregulares en Andalucía: Bendodo investigado por la Fiscalía Anticorrupción

La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior emitió nuevas normas de contratación de personal en marzo de 2020, en el momento más agudo de la pandemia, lo que posiciona en el ojo del huracán al entonces hombre fuerte de Moreno Bonilla, Elías Bendodo. El actual coordinador general del PP Nacional y número 3 del equipo de Feijóo lideraba la Consejería andaluza en ese momento.

La investigación de la Fiscalía implica la existencia de indicios, ya que se abrieron Diligencias de Investigación el 6 de mayo de 2022, según informa El Plural. La contratación exprés de Bendodo no consigue despejar la turbia neblina que provocaron sus contratos, y la investigación de la Fiscalía abre la puerta a la existencia de delitos penales.

El modelo de contratación a la sombra de las urgencias del COVID no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad, según decenas de sentencias de la justicia. La Junta de Andalucía, aunque los gabinetes jurídicos de la administración recurren las sentencias en su contra, se allanó y acató las cautelares dictaminadas por la justicia.

La Dirección General de Recursos Humanos de la Junta emitió una resolución en febrero de 2022 para anular las contrataciones y derechos de los interinos, pero esto no resolvió las irregularidades provocadas por las contrataciones exprés de Bendodo.

La orden emitida por Recursos Humanos fue criticada por algunos sindicatos, que alegaron que la carga agravante no podía recaer sobre los trabajadores que se veían privados de los derechos que habían ganado a través de su puesto de trabajo en la administración, independientemente del acceso a este.

Algunas sentencias judiciales en primera instancia fallan a favor de los interinos exprés despedidos, y aún quedan muchas más sentencias por salir de los juzgados.

Además, la Junta de Andalucía no habría realizado una revisión de oficio para cada caso, un proceso extraordinario que analiza las particularidades del contrato y que se consolida con un dictamen del Consejo Consultivo.

El hecho de que la Junta de Andalucía se allanara ante las sentencias judiciales y la orden pública de deshacer el entuerto de los miles de contratos generados en la Junta de Andalucía debido a la emergencia por COVID, es poco común en el marco administrativo.

Normalmente, las administraciones recurren al Consejo Consultivo, técnicos o letrados propios para respaldar sus decisiones, pero no fue el caso. Además, las convocatorias presentaban discriminación por género, edad o discapacidad, excluyendo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, enfermos crónicos y personas mayores de 60 años, entre otros.

Las contrataciones de la Junta de Andalucía por la emergencia sanitaria del COVID continúan siendo un problema para el Partido Popular. Después de verse obligados a desmontar la estructura jurídica de los contratos exprés, se han descubierto concesiones a aseguradoras privadas que se extenderán hasta junio. Estos contratos por cientos de millones de euros han sido posibles gracias al Real Decreto-ley 7/2020 que suspendía garantías administrativas.

Sin embargo, como se puede ver en las contrataciones de los vigilantes de la playa, este gasto público no está relacionado directamente con la salud pública. Un caso ejemplar es el de Barveal, una empresa sin sede ni trabajadores que presentó pérdidas en el ejercicio anterior, pero que recibió contratos por cuatro millones de euros para reparar carreteras sin competencia alguna.

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