Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones ilegales por valor de 6,6 millones de euros de una constructora a cambio de adjudicarle obras públicas. Así lo ha determinado la Audiencia de Barcelona, que ha condenado al partido por haberse lucrado de esta forma durante toda una década (1999-2009).

El caso, iniciado por la querella de la Fiscalía de 2009, llevó ante el tribunal a un total de 16 acusados por un entramado de comisiones ilegales a través de obra pública en torno a CDC.

El Tribunal dicta responsabilidades penales y civiles directas y subsidiarias por delitos de malversación y apropiación indebida, de tráfico de influencias, de blanqueo de capitales y falsedad documental contable, de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública en relación con la gestión del Palau de la Música Catalana a través de tres de las cuatro entidades que forman su estructura y en cuya máxima responsabilidad han estado los principales encausados:

  • Félix Millet, expresidente del Palau, ha sido condenado a nueve años y ocho meses de prisión por delito continuado de malversación y apropiación indebida, falsificación en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable; delito continuado de tráfico de influencias; delito de blanqueo de capitales; y contra la Hacienda Pública, así como a una multa de 4,1 millones.
  • Jordí Montull, su mano derecha, a siete años y seis meses de prisión por malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable; tráfico de influencias; blanqueo de capitales; y delito contra la Hacienda Pública, y una multa de casi tres millones, además de los pagos solidarios a las entidades junto a Millet.
  • Gemma Montull Mir, ex responsable de las cuentas del Palau, condenada a cuatro años, seis meses y 22 días de prisión por delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida y un delito de falsedad contable; delito continuado de tráfico de influencias; y delito de blanqueo de capitales. Además, multa de 2,6 millones de euros.
  • Daniel Osácar, extesorero de la formación, cuatro años y cinco meses de prisión por delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad contable, además de una multa de 3,7 millones.

Otros ocho acusados han sido condenados a multas y penas de prisión de entre ocho meses y dos años.

Pese a que la causa solo se dirigía contra el tesorero, el fiscal sospechó desde siempre que altos responsables de Convergència conocieron y toleraron la trama. Nunca pudieron, sin embargo, ser identificados. La Audiencia de Barcelona recoge ese guante y sostiene que los tesoreros “garantizaban que otros responsables del partido, que no han podido ser determinados, ejercieran las presiones oportunas sobre los cargos públicos de su formación tanto en la Generalitat como en ayuntamientos gobernados por Convergència”.

El dinero fluyó hacia el partido por tres vías:

  1. La entrega de dinero en efectivo (3,7 millones en total) a los extesoreros del partido Carles Torrent -fallecido- y Daniel Osácar.
  2. La emisión de facturas falsas por parte de empresas (2,3 millones)
  3. Los falsos convenios de colaboración entre el Palau y la Fundación Trias Fargas (630.000 euros).

Por los delitos sentenciados, el tribunal acuerda el comiso de las ganancias obtenidas por Convergència Democràtica de Catalunya, Félix Millet Tusell y Jordi Montull Bagur con la comisión de tráfico de influencias, que ascienden, respectivamente, a 6,6 millones de euros, 2,8 millones y 701.000 euros, cantidades que deberán ser entregadas por aquellos o hechas efectivas sobre su patrimonio.

 

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