Corinna zu Sayn Wittgenstein, la empresaria que la prensa relacionó con Juan Carlos I, asegura que desde 2018 ha tratado de informar a la Casa Real del «abuso» que ha estado sufriendo desde hace años, pero fue ignorada y no se hizo nada para evitarlo.

Robin Rathmell, el abogado de la empresaria alemana, ha explicado a este medio que “desde 2018 hemos intentado en repetidas ocasiones comunicarnos a través de los canales diplomáticos apropiados, la Embajada de España en Londres y la Casa Real incluida, sobre la campaña de abuso que se ha estado librado contra nuestra cliente durante ocho años».

«Se hizo caso omiso de los graves asuntos que comunicamos en detalle y en ningún momento se reconoció–ni mucho menos se tomó medida alguna para remediar– tal abuso, que ha continuado hasta hoy”, nos confirma Rathmell.

Corinna zu Sayn Wittgenstein responde de esta manera y a través de este medio al comunicado publicado este domingo por la Casa Real en el que revela que el Rey Felipe VI supo de la fundación panameña Lucum y de su «supuesta designación» como beneficiario hace un año por los abogados de la empresa alemana y que se desvinculó de ella ante notario.

Según el comunicado de la Casa Real, la designación sería «desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos» y que respondió a los abogados de Corinna que ni el Rey ni la institución «tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba», de manera que «carecía de toda justificación lícita su involucración».

El diario británico The Telegraph informó que Felipe VI aparece en calidad de segundo beneficiario de la fundación ‘offshore’ Lucum, la que a su vez es titular de la cuenta bancaria que se benefició de la supuesta donación de 65 millones de euros de Arabia Saudita al rey emérito Juan Carlos I.

Felipe VI renunciará, según el comunicado, a la herencia de Juan Carlos I «personalmente le pudiera corresponder» y también «a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona».

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