Este miércoles, infoLibre ha publicado un artículo en el que explica todo lo relacionado con los correos sobre el Protocolo de las residencias de mayores que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ocultó a la Asamblea de Madrid.
Ayuso decidió ocultar y se negó a facilitar las comunicaciones que tuvieron lugar entre las consejerías de su Gobierno en relación al Protocolo que, durante la primera ola de la pandemia excluía de la derivación hospitalaria a los mayores que vivían en residencias y tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, alegando que eran un “procedimiento interno de trabajo” y que contenían “datos personales de profesionales”, unos argumentos falsos, tal y como demuestra infoLibre en los cuatro documentos que hoy reproduce.
La comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid, para estudiar lo ocurrido en las residencias, solicitó “copia de las comunicaciones” entre las Consejerías de Políticas Sociales y Sanidad “en relación con la elaboración y aplicación de protocolos de derivación de pacientes institucionalizados en centros residenciales a centros hospitalarios”.
El 18 de marzo, el departamento de Sanidad aprobó el Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria y los días 20, 24 y 25 de marzo se actualizó dicho documento. Las cuatro versiones, con el criterio común de no trasladar a los residentes enfermos que tuviesen un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, fueron firmadas digitalmente por el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur.
Tal y como informa infoLibre, en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, la mayoría tampoco recibió ningún tipo de ayuda médica en el geriátrico donde residían. En marzo y abril, fallecieron 9.470 residentes en la región.
Cuando salió a la luz el contenido de la segunda versión del Protocolo, del 20 de marzo, Ayuso y Escudero dijeron que el documento era un borrador enviado por error a hospitales y residencias. Sin embargo, los borradores no se firman digitalmente por un alto cargo de un Gobierno y se difunden después para que sean aplicados.
La teoría del borrador se tumba con las comunicaciones entre las dos consejerías del Gobierno de Ayuso que demuestran que el Protocolo de exclusión se envió y ejecutó desde el 18 de marzo.
Las principales “comunicaciones” entre ambas Consejerías son aquellas en las que Sanidad informa de su contenido, ordena su aplicación y establece quién debe tener conocimiento del mismo y se hicieron a través de cuatro correos electrónicos enviados por Carlos Mur.
Estos son los cuatro correos enviados desde la Consejería de Sanidad los días 18, 20, 24 y 25 de marzo con el Protocolo de exclusión y publicados en exclusiva por infoLibre:
Correo del 18 de marzo, 14:20 h
En aquel momento se aprobaron dos documentos diferentes aplicables a todas las residencias de la Comunidad: el Protocolo firmado por Carlos Mur y otro más técnico elaborado por los geriatras y que no lleva ninguna firma. Y un tercero específico para los centros del AMAS.
Correo del 20 de marzo, 17:32 h
“Ruego a los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales la difusión del protocolo de actuación a todas las residencias de la red pública y privada”, solicita Mur al final de su comunicación, una petición que incluyó también en los correos de los días 24 y 25 de marzo. Por tanto, es evidente que no se trata de un “procedimiento interno de trabajo”.
Correo del 24 de marzo, 21:17 h
El texto de la tercera versión, destinado a 12 altos cargos o directivos de los departamentos de Sanidad y Políticas Sociales, es prácticamente idéntico a los anteriores. Se explica el “objetivo” del documento, se advierte de que las recomendaciones “van siendo forzosamente actualizadas” y se pide a “los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales” que difundan el documento entre las residencias.
Correo del 25 de marzo, 15:41 h
El mensaje fue enviado a los mismos destinatarios que el anterior y el resto del mensaje es prácticamente idéntico.
Reyero y su rechazo al Protocolo
En una carta enviada el 31 de marzo, Reyero muestra a Escudero su rechazo inequívoco a “los protocolos de derivación hospitalaria existentes. Los relativos a personas mayores y a personas con discapacidad”.
Tras recordarle al consejero de Sanidad que esa cuestión ya se la ha “transmitido con anterioridad”, Reyero le advierte incluso que su contenido puede tener consecuencias legales: “En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas con grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente les discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que pueden ocasionarnos problemas legales en el futuro”.
Pero las cartas de Alberto Reyero tampoco llegaron a la Asamblea. En ellas criticaba no utilizar otras vías alternativas para salvar vidas de los ancianos como medicalizar los geriátricos o trasladar mayores al hospital de campaña de Ifema y a los hoteles medicalizados.