El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica informó este miércoles de que ha habilitado más espacios en el principal centro penitenciario femenino, con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres recluidas.

El Centro de Atención Institucional Vilma Curling busca que con estos nuevos espacios las privadas de libertad puedan cumplir su pena de una forma más humanizada y digna.

«El tema de la mujer privada de libertad es una prioridad, por eso hemos venido tomando acciones muy concretas para mejorar sus condiciones de permanencia en prisión y esto es un ejemplo de ello», explicó la ministra costarricense de Justicia y Paz, Marcia González.

Para lograr la reubicación de una mayor cantidad de personas, se acondicionaron áreas que estaban subutilizadas y se realizaron obras menores como apertura de accesos a módulos contiguos, entre otros.

Los esfuerzos permitirán que durante el mes de marzo quede completamente resuelto el problema de hacinamiento que aquejaba a este centro penitenciario, pues todas las mujeres privadas de libertad estarán ubicadas apropiadamente.

Con estos cambios, y según los datos estadísticos oficiales, el centro cuenta con una capacidad para 704 personas y actualmente tiene una población de 647 mujeres privadas de libertad, lo que resulta en un 8,1% de espacios disponibles.

Con el fin de impulsar el desenvolvimiento integral de las privadas de libertad, las autoridades indicaron que trabajan además en la construcción de un taller laboral, formativo y de capacitación, que cuenta con espacios internos para dar cursos y desarrollar proyectos de autogestión como por ejemplo salón de belleza.

Otra de las novedades en el centro penal, es la ampliación de la oferta educativa, al ofrecer posibilidades de estudio en horario diurno y vespertino.

Durante este año también ha iniciado la construcción de tres módulos para mujeres en los Centros de Atención Integral Carlos Luis Fallas (Caribe), 26 de julio de 1991 (Pacífico central) y Antonio Abastida de Paz (sur).

El objetivo de las autoridades es lograr una adecuada distribución regional y evitar el desarraigo familiar que viven las mujeres privadas de libertad.

«Nos hemos propuesto mitigar el desarraigo que implica esta visión centralizada de la prisionalización de las mujeres, ofrecerles mayores oportunidades en su proceso de maternidad, en su crecimiento educativo y vocacional. Este es el enfoque de derechos al que apuntamos», destacó González.

Para 2019 se encuentran matriculadas 612 privadas de libertad en los niveles de primaria, secundaria y universidad, lo que significa un aumento del doble de la población en comparación a 2018.

Mientras que los cursos de educación no formal, como computación, inglés y portugués, registran para este año a 65 mujeres matriculadas.


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