El Gobierno de Costa Rica invitó este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a visitar el país para dar seguimiento a las medidas cautelares sobre territorios indígenas de los pueblos Teribe y Bribri en la localidad de Salitre, luego de que fuera asesinado un líder comunal.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que remitió la invitación a la CIDH para que sus representantes hagan una visita de trabajo al país para evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por el organismo interamericano en abril de 2015 para la protección de los pueblos indígenas de la zona sur.
La propuesta se presenta luego de que el pasado lunes fuera asesinato a balazos Sergio Rojas, un líder indígena de la etnia bribri, que en los últimos años había sido una de las figuras en la lucha por recuperar tierras ancestrales en Salitre, provincia de Puntarenas (sur).
«Con profundo respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas giré instrucciones al Ministerio Relaciones Exteriores y Culto para invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Costa Rica, de forma que pueda constatar la situación en el país y, en particular la del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre», dijo el presidente Carlos Alvarado en sus redes sociales.
Los territorios indígenas de Salitre y Térraba, provincia de Puntarenas (sur) tienen desde 2015 medidas cautelares por parte de la CIDH con el objetivo de garantizar la vida y la seguridad de las personas indígenas, en el marco de un conflicto por la recuperación de tierras que ha tenido numerosos episodios de violencia.
En enero de 2017 el Gobierno de Costa Rica anunció la suscripción de acuerdos con las comunidades indígenas Térraba y Salitre, con el fin de cumplir con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana.
Los acuerdos incluyen medidas de seguridad y esfuerzos para avanzar en el saneamiento territorial en ambos lugares.
Sin embargo, organizaciones indígenas aseguran que las medidas de seguridad no han sido suficientes, mientras la Defensoría de los Habitantes denunció que las usurpaciones al territorio indígena son «constantes» ante el avance «sumamente lento» de un plan de recuperación de tierras.
Algunas organizaciones sociales han responsabilizado al Estado por el asesinato de Rojas, pues aseguran que no ha cumplido con las medidas de protección ordenadas por la CIDH.
La invitación fue girada este viernes por parte de la vicecanciller, Lorena Aguilar Revelo, y entregada por medio de la representante Permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D.C.
El asesinato del dirigente indígena está en manos de un grupo especializado de fiscales, mientras el Gobierno ha lamentado el crimen y ha prometido hacer sus mayores esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia.
