¿Cuánto cuesta desarrollar un medicamento? No tenemos respuesta para esta pregunta crítica, pero sí sabemos que la falta de transparencia y el secretismo en torno a estos costes permite a las compañías farmacéuticas cobrar casi cualquier precio por sus medicamentos. Italia acaba de dar un paso pionero al exigir más transparencia a la industria.

Actualmente, las corporaciones farmacéuticas no están obligadas a revelar sus costes de Investigación y Desarrollo (I+D), cuánto dinero público reciben para el desarrollo de un medicamento o qué precios cobran en diferentes países.

Esto significa que pueden cobrar precios altísimos y obtener enormes beneficios privados gracias a las inversiones públicas. Y lo hacen. La industria farmacéutica justifica los altos precios de los medicamentos en la necesidad de recuperar los altos costes que invierten en I+D. Sin embargo, nunca revelan públicamente esas cifras, manteniendo en secreto los costes reales. En consecuencia, los países y los sistemas de salud deben negociar “a ciegas” con las empresas mientras intentan asegurar un precio asequible para los medicamentos para tratar a su población.

En los últimos años, la escalada de precios ha creado cada vez más barreras globales para el acceso a medicamentos y estas ya no se limitan a las personas que viven en países en desarrollo. Los altísimos precios de medicamentos contra el cáncer, contra la hepatitis C o la insulina han supuestos desafíos –muchas veces, a vida o muerte– para las personas y los sistemas de salud también en los países ricos. Sistemas de salud de todo el mundo se están derrumbando bajo los precios de los nuevos medicamentos. La gente no obtiene lo que vale su dinero y la industria farmacéutica se ha hecho rica a costa nuestra como contribuyentes.

Por eso, después de largas y polémicas negociaciones, hubo un motivo de celebración en la Asamblea Mundial de la Salud en 2019, cuando los Estados miembros finalmente adoptaron una resolución que exigía más transparencia a las empresas farmacéuticas sobre cómo fijar el precio de sus medicamentos.

Italia estuvo a la vanguardia de esa iniciativa en 2019 y ahora está dando otro paso importante para corregir el desequilibrio de poder entre las empresas farmacéuticas y el público, y exigir más transparencia por parte de una industria que se oculta deliberadamente en secreto.

El pasado agosto, se aprobó un decreto de la Agencia Italiana del Medicamento (AIFA, por sus siglas en italiano) que solicita a las corporaciones farmacéuticas, antes de cualquier compra importante de medicamentos, que proporcionen a la agencia información específica sobre los costes de I+D de la empresa, así como las condiciones comerciales bajo las cuales el mismo el producto se vende en otros países.

El decreto sobre fijación de precios y reembolso promete alterar un sistema que ha permitido durante demasiado tiempo a las empresas farmacéuticas imponer precios exorbitantes a los Gobiernos por sus productos innovadores, que a menudo están desconectados de los costes reales de I+D y financiados con dinero de los contribuyentes.

El decreto requiere a las empresas farmacéuticas lo siguiente:

→ demostrar el “valor terapéutico añadido” de cada fármaco en negociación. Las empresas que quieran introducir un medicamento en el mercado italiano a precios más altos que los tratamientos existentes, ahora tendrán que demostrar que el nuevo medicamento también tiene una mayor eficacia terapéutica.

→ divulgar el precio al que se vende el medicamento en otros países. Hasta ahora, la información sobre los precios en otros países ha estado “protegida” por cláusulas de confidencialidad.

→ divulgar públicamente las subvenciones y fondos públicos recibidos por la corporación para los costes de I+D, así como los costes generales de I+D.

→ revelar el estado de las patentes que hay sobre el medicamento.

→ y, la guinda del pastel, proporcionar a la autoridad reguladora datos anuales sobre las ganancias y las ventas de cada medicamento.

Una gran victoria para la salud pública

Se trata de una espectacular victoria para la salud pública y sin duda fortalecerá la posición negociadora de AIFA con las corporaciones farmacéuticas. Sin embargo, todavía falta ver cómo se materializan todos esos principios que ahora están sobre papel.

La AIFA debe ahora definir medios y guías claros para la implementación del decreto. Por ejemplo, ¿qué medidas se toman si la corporación no presenta los documentos requeridos? ¿Se bloquearán las negociaciones? Si esto se aplica a un medicamento esencial e innovador, ¿qué consecuencias podría tener en la salud pública? ¿La AIFA mantendrá su posición y bloqueará las negociaciones sobre un medicamento esencial e innovador, dadas las posibles consecuencias para la salud pública de mantenerlo fuera del mercado? ¿Y quién verificará la fiabilidad de los documentos producidos por las corporaciones?

Por supuesto, hay un largo camino por recorrer, pero la publicación de este decreto es un primer paso pionero. Y como Italia ha actuado, grupos de la sociedad civil en otros lugares siguen ahora de cerca el caso, esperando que esto pueda animar a otros Gobiernos a hacer lo mismo.

Y en medio de una pandemia de COVID-19, no hay un momento más crítico para garantizar la transparencia de los costes del desarrollo de medicamentos y vacunas. Ya se han invertido miles de millones de dólares en inversiones públicas en la carrera por nuevas vacunas y tratamientos. Necesitamos que las corporaciones sean claras sobre los precios y los costes, y también que compartan datos clínicos para que se puedan establecer precios justos que garanticen la asequibilidad para todos. La industria farmacéutica no puede usar la pandemia para seguir llenándose los bolsillos. La transparencia importa.

Artículo publicado originalmente en castellano en la Agencia SINC, agenciasinc.es