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(COVID-19) Alberto Núñez Feijóo afronta una denuncia penal contra toda su cúpula sanitaria por la distribución de mascarillas defectuosas en los hospitales gallegos

El sindicato de Profesionais da Sanidade Galega Pública (PROSAGAP) acusa ante la Fiscalía a diez altos cargos de la Consellería de Sanidade por repartir material de protección sin los estándares mínimos de calidad “poniendo en peligro la salud de profesionales, pacientes y familiares”.

La denuncia ha sido formulada contra el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, el gerente del Servizo Galego de Saúde (SERGAS) Antonio Fernández-Campa García-Bernardo, la directora xeral de Rrecursos Humanos del SERGAS Margarita Prado Vaamonde, el gerente del Área Sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras Félix Rubial Bernárdez, la gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza Eloina Núñez Masid , el gerente del Área Sanitaria de Coruña e Cee Luis Verde Remeseiro, el gerente del área sanitaria de Vigo Julio García Comesaña, el gerente del Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés José Ramón Gómez Fernández, el gerente del Área Sanitaria de Ferrol Ángel Facio Villanueva y el gerente del Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos Ramón Ares Rico.

El sindicato relata en un comunicado que “en plena crisis sanitaria producida por un virus altamente contagioso, a los sanitarios y sanitarias de la sanidad pública gallega nos fue entregado, por parte del SERGAS y a modo de protección, mascarillas deficientes que no cumplían con los estándares mínimos de calidad” y que, aunque los problemas del material sanitario fueron identificados, “las autoridades responsables siguieron promoviendo su uso, tardando más de lo debido en retirarlas y proniendo así en peligro la salud de profesionales, pacientes y familiares”.

PROSAGAP considera que la falta de control sobre las partidas de material defectuoso constituye “un atentado contra el derecho a la salud y la integridad física y psíquica de los profesionales, de los pacientes y de sus familias”, y que también puede atentar contra los derechos de los trabajadores por la omisión de medidas de seguridad e higiene en el entorno laboral.

Redacción

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