La Confederación Intersindical Galega (CIG) recuerda que en una situación sanitaria tan grave como la actual, la protección de la salud de los profesionales sanitarios debe ser el principal objetivo para la Xunta de Galicia y que el Servizo Galego de Saúde (SERGAS), además de la obligación legal, «tiene la obligación moral y ética» de dotar a las plantillas de los equipos de protección en consonancia con la exposición al riesgo del coronavirus, además de informar y formar al personal.

CIG-Saúde reclama medios y protocolos adecuados para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 / Creative Commons

Desde CIG-Saúde, se ha venido exigiendo al SERGAS, de forma reiterada, que publique unos protocolos, basados en la evidencia científica, sobre el uso del material y de los equipos de protección individual. Apuntan que «debe haber un protocolo para cada unidad y servicio», tanto en las unidades hospitalarias como en atención primaria y denuncian que «debido a la falta de material de protección, por la falta de previsión de las diferentes administraciones, los protocolos fueron cambiando y adaptándose no al riesgo, sino a la falta de material».

A modo de ejemplo, para CIG-Saúde es «especialmente grave» la situación del Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela, donde se implantaron máscarillas de tela tanto en el servicio de Psiquiatría como en la cocina sin estar validadas como equipo de protección individual (EPI), alertando de que «se puede estar dando una falsa sensación de protección al personal y provocar así un incremento de los contagios por COVID-19».

María Xosé Abuin, portavoz del sindicato, advierte de que el trabajo del personal del SERGAS «no puede ser sólo una herramienta política para publicar los buenos resultados sanitarios sin tener en cuenta cual es la situación del personal, ni los riesgos al que están sometidos». Por eso reitera la exigencia del CIG-Saúde de «cuidar a quien cuida» y de «no poner en riesgo la salud de las/los profesionales por una mala gestión del material de protección», por lo que demanda la dotación de EPIs a todo el personal «en función del riesgo, y no del criterio economicista de la gerencia».