La Asociación Galega para a Defensa de la Sanidade Pública se hace eco de un informe del Consello de Contas y de las denuncias de trabajadores y familiares de residentes para afirmar que en la epidemia han tenido una gran trascendencia las políticas llevadas por el Partido Popular tras su desembarco en la Xunta hace once años.

El proceso de privatización de las residencias estuvo marcado «por irregularidades y amiguismo» en la adjudicación, denuncia la AGDSP / Creative Commons

Para el colectivo, el hecho de que la afección del coronavirus en Galicia no haya sido la misma que en otras comunidades autónomas no guarda relación directa con la actuación de la Xunta sino con la especificidad del territorio y elementos como la dispersión poblacional en el ámbito rural, el bajo nivel de contaminación o la temperatura media.

Sin embargo, en la dramática situación vivida en las referencias de mayores, que acumulan casi la mitad de las víctimas, sí ha sido determinante la actuación durante años del Gobierno de Fejóo, en un procedimiento marcado «por irregularidades y amiguismo en la adjudicación», la falta de controles por parte de la Consellería de Política Social, la escasez de personal, la numerosas deficiencias en las instalaciones o el incumplimiento de los protocolos. Y todo, pese al tremendo esfuerzo de las plantillas de los centros, «que han realizado un ingente trabajo pese a la falta de recursos y de equipos de protección adecuados».

Por otra parte, la AGDSP denuncia la actitud de las empresas privadas, en muchos casos dependientes de las multinacionales y fondos de inversión, que «han actuado sin transparencia y sin informar adecuadamente a los famliares y a la población, generando una gran alarma social«.

Por estos motivo, la asociación pide a la Fiscalía y a la propia Xunta de Galicia la intervención inmediata de las residencias donde se hayan concentrado los problemas de contagio y mortalidad, así como la apertura de una auditoría con el objetivo de «conocer y depurar responsabilidades» tanto sobre cómo se llevó a cabo el proceso de privatización como sobre las ratios de personal, las condiciones laborales de las planteillas, de las instalaciones y el equipamiento y el grado de cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria.

Asimismo, piden la reintegración al sistema público de las residencias «para garantizar la salud y seguridad de las personas residentes» y el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia «para que el mayor número posible de personas mayores que lo deseen puedan recibir ayuda para seguir viviendo en sus domicilios».

Finalmente, consideran que el Gobierno de la Xunta debe dar cuenta de los resultados de la auditoría y de las medidas adoptadas a los familiares de los residentes, al Parlamento de Galicia, a los sindicatos y a la opinión pública.