Paraguay sigue avanzando en su agenda extractivista, con comunidades indígenas y campesinas reportando un aumento significativo en desalojos sin órdenes judiciales
Como el proyecto de usurpación de tierras en América Latina viene de larga tradición, las leyes han sido implementadas para proteger a los colonos. De esa forma, hoy los habitantes nativos de las tierras del distrito de Raúl Arsenio Oviedo son los invasores y los invasores las víctimas de ocupación. Eso fue lo que determinó el Estado paraguayo, como muestra otro artículo de Última Hora. Superados en mucho por la cantidad desproporcionada del contingente policial, los indígenas dejaron sus casas de forma pacífica, relata el informe publicado.
Histórico de condenas internacionales
Aunque la acción del gobierno Abdo no sorprenda, viola la Constitución de Paraguay. Esa ley fundamental reconoce los derechos de las comunidades indígenas a tierras comunitarias, con extensión suficiente para que puedan vivir según sus tradiciones, además de prohibir el desalojo de indígenas. Los pactos internacionales firmados por Paraguay también estipulan que el país debe hacerse cargo de reubicar a personas desalojadas, lo que no ha sucedido, según la institución Base Investigaciones Sociales.
Por sus frecuentes violaciones de los derechos territoriales indígenas, Paraguay ya ha sido condenado tres veces por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CorIDH). La CorIDH, además, también ha otorgado una serie de medidas cautelares a favor de comunidades indígenas en Paraguay.
La corte interamericana no es el único organismo internacional que denuncia la política antiindígena de Paraguay.
En octubre de este año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado paraguayo por fallar en prevenir la contaminación de un territorio de los ava guaraní por pesticidas provenientes de plantaciones de las cercanías.
A pesar de esas condenaciones internacionales, Paraguay sigue avanzando en su agenda extractivista, con comunidades indígenas y campesinas reportando un aumento significativo en desalojos sin órdenes judiciales en los últimos meses, según la organización Base Investigaciones Sociales.
Estas acciones se dan después de que, en septiembre, Abdo promulgó una ley que aumenta la pena a 10 años en cárcel a los llamados invasores de tierras. Para muchos, la normativa, conocida como Ley Zavala-Riera, efectivamente criminaliza la lucha indígena y campesina por la tierra, un derecho reconocido por la Constitución.
Tierra de la soja y la extranjerización de Paraguay
Los hugua po’i habitaban tierras rodeadas de lo poco que queda de bosque primario en el departamento de Caaguazú. Entre 2002 y 2020, Caaguazú perdió 40 % de bosque primario, según Global Forest Watch, lo que hace de él uno de los departamentos paraguayos que más sufre con la deforestación. El área alrededor de las tierras de la que fueron expulsados los hugua po’i está tomada mayoritariamente por plantaciones de soja.
