Amnistía Internacional ha denunciado la situación en Canarias, donde lamentó, entre otros aspectos, que se estuvieran tramitando órdenes de devolución sin que las personas hubieran recibido una adecuada asistencia letrada, tal y como exige el derecho internacional de los derechos humanos.

Asimismo, la organización mostró su preocupación, tras la rueda de prensa del pasado 13 de noviembre en la que se presentó el plan de choque del gobierno para resolver la crisis migratoria, porque la mayoría de las medidas estuvieran centradas en un refuerzo del control migratorio, olvidando que muchas personas huyen de sus países como consecuencia de graves violaciones de derechos humanos. Para AI, tomar medidas que solo refuerzan ese control en origen, sin que éstas vayan acompañadas de otras sobre salvamento y rescate, por ejemplo, puede incrementar las violaciones de derechos humanos. «Lo único que que consigue es desplazar los movimientos migratorios y que las personas tomen rutas cada vez más peligrosas», señaló AI. «También parece que al gobierno se le ha olvidado que es urgente reforzar el sistema de asilo acorde con los estándares internacionales: muchas personas siguen quedándose fuera de la posibilidad de pedir protección internacional».

Amnistía Internacional también ha denunciado la situación que se está viviendo en los CETIs (Centros de Estancia Temporal para Migrantes), especialmente en el de Melilla, hacinado y sin reunir las condiciones adecuadas para garantizar la protección y la salud de las personas residentes.

La organización ha llevado a cabo este viernes una jornada online, con parlamentarios/as y organizaciones para analizar varios aspectos relacionados con la migración, entre ellos la actual crisis que se está viviendo en las Islas Canarias, donde se han incrementado de manera considerable las llegadas en los últimos meses, a pesar de lo peligroso de la ruta, que ya se está cobrando muchas vidas, más de 500 en lo que va de año, esencialmente entre octubre y noviembre.

«El puerto de Arguineguín, hasta ahora hacinado, no reúne las condiciones adecuadas para acoger a todas las personas que están llegando: hasta el Defensor del Pueblo ha pedido hoy su cierre. Sabemos que se han tomado medidas para aliviar la situación y realizar traslados a las nuevas instalaciones de Barranco Seco. Pero es necesario que el gobierno actúe con mayor transparencia y responda a determinadas preguntas que llevamos tiempo planteando: ¿qué nacionalidades están llegando y con qué perfil?, ¿se están llevando a cabo todas las medidas adecuadas para proteger a las personas más vulnerables, entre ellas, las posibles víctimas de trata? ¿Hay acceso individualizado a procedimientos de asilo con todas las garantías? ¿Cuántos traslados han llevado a cabo en total, y cuántos harán en los próximos meses?¿Por qué no se ha permitido la entrada de algunos parlamentarios en el puerto?», se pregunta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La jornada, en la que también se ha debatido acerca del pacto europeo sobre migración y la situación en Grecia, ha contado con la asistencia de portavoces de la mayoría de los grupos parlamentarios, entre ellos el Grupo Socialista, el de Unidas Podemos, de Esquerra, del Popular, del PNV, el Grupo Plural y el de Izquierda Confederal, así como de organizaciones especializadas en migración y refugio como Médicos Sin Fronteras, el Servicio Jesuita a Migrantes, Red Acoge, ACNUR, HIAS, la Coordinadora y Andalucía Acoge.

La necesidad de establecer vías legales y seguras para que las personas migrantes y refugiadas no se jueguen la vida en viajes peligrosos, la importancia de combatir los discursos demonizadores y la criminalización de las organizaciones que trabajan con estas personas, o la urgencia de una solidaridad europea que no se deje a la libre decisión de los Estados y que ha sido poco ambiciosa con el reciente Plan sobre Migración de la Comisión Europea, han sido algunas de las propuestas planteadas. Asimismo, también se ha señalado que se requiere un sistema de acogida justo, eficiente y seguro que se adecúen a las necesidades reales de las personas.

Fuente: Amnistía Internacional