La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) solicitó este jueves a tres tribunales un permiso para poder viajar a Cuba para acompañar a su hija, Florencia Kirchner, que recibe tratamiento médico en La Habana.

La también senadora prevé viajar entre el 20 y el 30 de abril a la capital cubana, donde su hija se encuentra hospitalizada desde el pasado marzo, según informó la agencia estatal Télam.

Carlos Beraldi, abogado de Fernández, realizó la petición ante los tribunales encargados de juzgarla en las causas conocidas como “Vialidad” (Tribunal Oral Federal -TOF- número 2), “Los Sauces” (TOF 5) y “Hotesur” (TOF 8).

Los jueces de cada tribunal deberán dictaminar si tiene o no autoridad para a viajar.

El pasado 14 de marzo, Fernández explicó que su hija de 28 años estaba siendo tratada en La Habana por los “problemas de salud” provocados por la “persecución feroz” a la que la somete la Justicia, que acusa a ambas de corrupción.

Florencia Kirchner, hija de Fernández y el fallecido exgobernante argentino Néstor Kirchner (2003-2007), viajó el pasado febrero a la isla para realizar un curso para guionistas de cine, pero tras el vuelo “su estado de salud se había deteriorado sensiblemente” y al momento de evaluarla le prohibieron viajar en avión.

En la publicación de Twitter donde compartió la noticia, adjuntó una fotografía del informe médico del Cimeq, el prestigioso hospital donde se atendieron los fallecidos Fidel Castro y Hugo Chávez, que señala como “diagnóstico principal” trastorno de estrés postraumático.

Según el centro médico, todavía no ha terminado el “estudio integral” de la paciente, que recibe “tratamiento fisioterapéutico diario”.

En su pasada estancia en Cuba, la ex jefa de Estado se entrevistó con el expresidente Raúl Castro -líder del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal)- y con el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, en el cargo desde abril de 2018 en reemplazo de Castro.

Florencia Kirchner está acusada junto a su hermano Máximo y su madre, entre otros, en dos causas -ambas elevadas ya a juicio aunque sin fecha de comienzo- por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en relación con las operaciones que empresas de la familia realizaron con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.

En 2016, la Justicia embargó los 4,66 millones de dólares que contenían unas cajas de seguridad propiedad de Florencia, así como 1,03 millones de una cuenta bancaria y 53.280 pesos (casi 1.300 dólares actuales) de otra, un dinero que ella dijo que era producto de la herencia de su padre y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.

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