El pasado jueves la Fiscalía de Madrid ha recurrido el sobreseimiento provisional y el archivo del caso del homenaje a la División Azul celebrado el pasado mes de febrero y en donde los participantes lanzaron proclamas antisemitas constitutivas de un delito odio.
En este acto la ya conocida Isabel Peralta, que se jacta en redes sociales de ser fascista, no demócrata, homófoba y machista, proclamó que «es nuestra suprema obligación luchar por España y luchar por una Europa ahora débil y liquidada por el enemigo. El enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío. Porque no hay nada más certero que esta afirmación. El judío es el culpable, el judío es el culpable y la División Azul luchó por ello. Quiso librar al mundo del comunismo, de una invención judía destinada a enfrentar a los obreros y terminar con el ideal de las naciones», atribuyendo así la condición de enemigo a todo un pueblo «que fue víctima de un genocidio en el marco de la Segunda Guerra Mundial».
La jueza Carmen Rodríguez Medel ha sido la encargada de dictar el archivo de la causa «sin haber practicado diligencia de investigación alguna». Además, lo ha hecho en menos de 24 horas: recibió la denuncia el 27 de abril y dictó el auto de archivo ese mismo día. Así consta en su resolución judicial, a la que ha tenido acceso infoLibre.
La magistrada invoca la jurisprudencia española sobre la libertad de expresión, que permite la exaltación del nazismo y entiende que de las expresiones atribuidas a Isabel Peralta no se constata «que haya una incitación que suponga un peligro para los judíos en los términos exigidos jurisprudencialmente».
Además, señala que no hay «ningún grupo que se adhiera a la publicación del discurso anunciado que vaya a llevar a cabo acto de hostilidad alguno o que refleje que se ha incrementado su odio o menosprecio a los judíos».
La Fiscalía expone su incomprensión del paso dado, ya que si los mensajes antisemitas del homenaje a la División Azul no constituyen un delito de odio, lo que debería haber hecho la magistrada es decretar el cierre definitivo.
Es por ello que la Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial el auto de la jueza y recuerda que los derechos reconocidos constitucionalmente a toda persona no son absolutos: «Los prejuicios, la intolerancia y el odio, al igual que el pensamiento, no pueden ser prohibidos al integrar la esfera de la intimidad más absoluta de cada ser humano. Lo que sí es criminalizable es determinada exteriorización de dichos sentimientos, emociones o pensamientos cuando con ello se lesiona la dignidad de otra persona o grupo de personas».
La Fiscalía también insiste en que la protección «expresa» que el legislador ha dispensado al pueblo judío «responde precisamente a que el antisemitismo está en el origen de la concepción del delito de odio, erigiéndose como una exigencia no solo moral sino normativa, el tipificar determinadas conductas para erradicar y prevenir la discriminación tras la historia reciente de la segunda guerra mundial». Y añade que desconocer que estos discursos tuvieron su raíz en una determinada ideología política fundamentada en la supremacía de la raza aria «es negar la historia».
Las redes sociales no han tardado en reaccionar a la noticia:
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