Hace unas semanas, una trabajadora del hogar, migrante, acudió a comisaría en Granada capital para denunciar una estafa. La policía no solo no le ayudó, sino que le abrió un expediente de expulsión. Este es uno de los tantos brazos que tiene el racismo institucional y estructural. ¿Cómo siendo migrante y/o no blancx vas a acudir a la “justicia” en busca de ayuda si es altamente probable que la situación se torne contra ti? En este caso, el miedo a terminar siendo deportadx es real. Una deportación basada en preceptos racistas que no han permitido regular la situación administrativa de la persona que acude a interponer la denuncia. El Estado aprovecha una situación de vulnerabilidad (que él mismo ha generado) y de confianza en la justicia para ejecutar la expulsión de una persona migrante que reside en España trabajando desde hace casi tres años. ¿Se puede ser más ruin? La verdad es que sí. Nos lo demuestran cada día con acciones. 

Este vergonzoso procedimiento, que es habitual en el Estado español, ha sido denunciado por la Asociación Sociocultural de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de Granada a través de un comunicado que expone la situación de total vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentran las trabajadoras del hogar migrantes. Según puede leerse, la trabajadora del hogar afectada fue estafada al intentar alquilar un piso pagando 360€, previo contrato firmado. El supuesto casero “no cumplió y desapareció con el dinero”. Para la policía resultó mucho más importante que la trabajadora no contara con el permiso de residencia que el hecho de que acabase de ser víctima de una estafa cuando trataba de acceder a una vivienda. Permiso de residencia para el que, recordemos y enfaticemos, se ponen mil trabas para poder conseguirlo. Trabas que no sólo son a nivel burocrático si no que también vienen produciéndose por parte de mafias que acaparan todas las citas para venderlas a precios desorbitados y así, aprovecharse de la necesidad de lxs migrantxs. Mafias que el Estado conoce ero mira para otro lado y no pone solución.

Esta violencia racista administrativa, estatal, estructural, hace que innumerables delitos queden impunes, ya que las personas agredidas (especialmente mujeres) se piensan mucho sí acudir a interponer una denuncia por el miedo a que se inicie un expediente de expulsión. Esto incluye delitos tan graves como agresiones sexuales, violaciones o intentos de homicidio.

“Por ella y por todas, para que el miedo no impida que exijamos nuestros derechos”

Como plantean desde la Asociación, ¿acaso no tener residencia significa no tener derechos? “Si no tenemos residencia pero trabajamos, incluso más de 8h, pagamos servicios y cumplimos con todas las obligaciones ciudadanas durante años, ¿no tenemos derecho a presentar una denuncia sin que nuestra condición migratoria sea afectada?

Esto tiene que acabar YA y desde Es Racismo continuaremos luchando para terminar con la lacra del racismo institucional y estructural que promueve desigualdades como esta, entre muchas otras. Nuestras compañeras se declaran en emergencia y así nos declaramos nosotras también. 

Fuente: Es Racismo