Mario del Rosal
Profesor de Crítica de la economía política


Según cuentan, Catón el Viejo solía terminar todos sus discursos en el senado romano con la misma frase: Carthago delenda est (“Cartago debe ser destruida”). Su obsesión por acabar con el otrora poderoso enemigo de Roma era legendaria y, aunque en la época en la que pronunciaba esta famosa arenga bélica, Cartago ya no representaba ninguna amenaza para la República, acabó logrando que las tropas romanas destruyeran la ciudad y esclavizaran a sus habitantes.

Al igual que entonces, el mundo de hoy vive bajo el dominio de un hegemón político, económico, cultural y, sobre todo, militar: Estados Unidos. Y, al igual que en Roma, su Senado y, más aún, su Casa Blanca, abunda en catones de todo pelaje. Y, también como en aquellos tiempos, su obsesión destructiva es contra un país vecino que, en realidad, no supone absolutamente ninguna amenaza material: Cuba.

Cuba es la Cartago de Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución de 1959. La razón es evidente: cualquier cambio que pudiera poner en peligro el burdel que era por entonces la isla bajo la dictadura de Batista supondría un menoscabo indudable para el capital estadounidense, que tantos intereses económicos tenía allí por entonces. La extraordinaria hazaña que supuso el triunfo de la Revolución convirtió el vergel capitalista caribeño en una amenaza latente para los potentados norteamericanos con propiedades en Cuba.

Ante esta situación, la respuesta del gobierno norteamericano fue tan tosca y criminal entonces como lo es ahora. Si dejamos de lado las agresiones militares contrarrevolucionarias continuas –un auténtico catálogo de horrores repleto de intentos de invasión, sabotajes, operaciones de bandera falsa, atentados indiscriminados, etc–, esta respuesta se inició en el ámbito económico a raíz de las reformas agrarias de 1959 con un embargo impuesto por Eisenhower bajo la cobertura de la vetusta Trading with the Enemy Act, de 1917. Este primer embargo fue ampliado y agudizado por Kennedy, quien daría cobertura legal directa a esta política con la Foreign Assistance Act de 1961 y eliminaría las excepciones de carácter humanitario. El embargo comercial seguiría afianzándose y agravándose a raíz de la alianza con la Unión Soviética a la que se vio obligada Cuba ante los ataques estadounidenses. De nuevo, sería Kennedy quien, ya en 1963, tras el fracaso de Playa Girón, la Operación Mangosta y la crisis de los misiles, aprobara la Cuban Assets Control Regulation de 1963, ley que congelaba los activos cubanos en Estados Unidos, prohibía las transacciones financieras con la isla e iniciaba las restricciones para el turismo norteamericano. El embargo ya tomaba definitivamente la forma de un bloqueo económico en toda regla.

Este bloqueo continuó bajo las legislaturas de Johnson, Nixon, Ford y Carter, aunque los problemas económicos, monetarios y militares de Estados Unidos restaron importancia a la cuestión cubana en la política interna del país. Reagan, obviamente, dirigió su obsesión anticomunista también contra Cuba, pero no sería hasta la caída del muro cuando la política imperialista contra la isla volvería a recrudecerse.

Como decíamos antes, el acercamiento de Cuba a la Unión Soviética y la declaración formal del carácter socialista de la Revolución fue producto, entre otras cosas, de la propia política de agresión de los Estados Unidos. El resultado fue ambivalente para los cubanos. Por un lado, facilitó su desarrollo económico sobre la base de diversos acuerdos comerciales y financieros. De ese modo, Cuba, como miembro del CAME, se benefició de unas relaciones reales de intercambio favorables con la URSS, sobre todo en las exportaciones de azúcar y las importaciones de petróleo, y unos flujos masivos de crédito en condiciones ventajosas. Esto permitió que disfrutara de una tasa de crecimiento media de casi el 7% en la década de los setenta y del 4,4% en la primera mitad de los ochenta. Gracias a ello, en 1988, Cuba había alcanzado un PIB per cápita un 30% superior al promedio de los países de América Latina y el Caribe, según datos del Banco Mundial.

Sin embargo, esta alianza necesaria también tuvo su lado negativo. Por un lado, exigió y facilitó el establecimiento de una burocracia dominante e irrevocable, impidiendo el desarrollo de instituciones e iniciativas más democráticas y reprimiendo la expansión de la Revolución a otros países de América Latina. Por otro, exacerbó la dependencia cubana de la economía soviética y su consecuente especialización en productos de escaso valor añadido, algo que habría de pagar muy caro con la desaparición del bloque soviético.

Esa factura la pagaría Cuba durante el llamado periodo especial, que comenzó en 1989 y fue consecuencia directa, en primer lugar, de la retirada de los privilegios bilaterales concedidos por la URSS y, después, por la propia caída del gigante soviético. El resultado fue espantoso para la población cubana, que en sólo cuatro años (de 1989 a 1993) vio caer su PIB per cápita un 35% a raíz, sobre todo, del hundimiento de su comercio exterior. El régimen alimentario de los cubanos cayó por debajo del mínimo calórico necesario para mantener la salud en niveles aceptables y, como consecuencia de ello, epidemias relacionadas con la desnutrición aparecieron por toda la isla: el dengue, la conjuntivitis hemorrágica, etc. La situación alcanzó cotas verdaderamente dramáticas.

Por supuesto, deberíamos esperar que Estados Unidos, como adalid de la libertad, la democracia y la prosperidad en el mundo entero, se lanzara a ayudar a los cubanos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Enviando ayuda alimentaria? ¿Abriendo el comercio con la isla para aliviar su agónico comercio exterior? ¿Facilitando el crédito para permitir el desahogo de la economía cubana? No, por supuesto que no. Cuba seguía siendo Cartago y el periodo especial, lejos de servir para replantearse la necesidad y la utilidad del bloqueo o para ayudar a la población, fue aprovechada por el gobierno estadounidense para tratar de dar la puntilla al proyecto socialista surgido de la Revolución.

Así, en 1992, bajo mandato de Bush senior, se aprobó la Cuban Democracy Act, más conocida como Ley Torricelli, por la que se prohibía a las filiales de empresas estadounidenses en otros países tener tratos comerciales o financieros con Cuba. Además, se prohibió que cualquier buque de cualquier nacionalidad que hubiera tocado un puerto cubano pudiera atracar en puertos estadounidenses durante un periodo de seis meses. Y por añadidura, se establecían nuevos obstáculos al turismo norteamericano a la isla.

Pero como Cartago seguía sin caer, en 1996 Clinton aprobó la Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act, habitualmente referida como Ley Helms Burton. En sus famosos cuatro títulos, esta ley constituye un paso definitivo hacia la plena y total destrucción económica de la isla mediante la injerencia imperialista más incontestable que podamos imaginar. Los dos primeros títulos, en pleno funcionamiento, son más bien declaraciones de intenciones sin más importancia que la expresión negro sobre blanco de lo que es una obviedad histórica: que para acabar con el bloqueo, los Estados Unidos exigen y exigirán el derrocamiento de los Castro, el fin del socialismo en la isla y la imposición de ese típico paquete tan conveniente de instituciones y regulaciones a las que suelen llamar “democracia liberal representativa” y que no es otra cosa que el sostén legislativo del capitalismo. El titulo tercero y el cuarto, sin embargo, nunca se han puesto en marcha realmente, ya que sus consecuencias serían tan contrarias al propio derecho internacional y a las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo que todos los presidentes, desde Clinton hasta Obama, han suspendido siempre su aplicación.

Trump también se plegó a firmar varias suspensiones de estos dos títulos, pero sólo hasta abril de este año. En ese momento, y siguiendo los deseos de la cohorte de fanáticos de ultraderecha que lo asesoran, el presidente multimillonario decidió poner en funcionamiento el título tercero de la Ley Helms Burton. Las consecuencias de esto son tan graves como surrealistas: su aplicación permite que cualquier ciudadano estadounidense (incluyendo a los cubanos nacionalizados gracias a las peculiares leyes de inmigración de Estados Unidos) pueda presentar una reclamación formal ante los tribunales estadounidenses contra cualquier empresa que desarrolle operaciones económicas que impliquen la participación de activos que hubieran sido nacionalizados por el Estado cubano tras 1959. En palabras más sencillas, esto significa que cualquier autoproclamado heredero de los antiguos propietarios o hacendados cubanos puede reclamar daños y perjuicios a cualquier empresa del mundo por hacer negocios con Cuba. Y cuando decimos “cualquier empresa” nos referimos exactamente a eso, a cualquiera, ya sea estadounidense, europea, china o neozelandesa.

Esta ley no se distingue de las anteriores porque sea una injerencia más por parte de Estados Unidos contra la soberanía cubana. En esto no se diferencia de todas las anteriores. Lo que la caracteriza es que atenta contra las normas más básicas del derecho internacional, las reglas del comercio mundial y las leyes mercantiles nacionales de todos los demás países. No es solamente una ley contra la isla, sino contra los intereses económicos de todos los países. Es una ley que posiciona a Estados Unidos contra Cuba y contra todos.

Esta es la razón por la que muchos países han aprobado las llamadas leyes antídoto, con las que tratan de anular los efectos legales de esta normativa. Incluso la propia Unión Europea amenazó en su momento al gobierno estadounidense con formalizar una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio, algo que ha quedado, por el momento, en suspenso. Incluso en Canadá, el Parlamento propuso una ley paródica, la Godfrey-Miliken Bill o American Liberty and Democratic Solidarity (Loyalty) Act, con la que pretendían aprobar medidas similares a las del título tercero de la Ley Helms Burton. En este caso, contra las empresas que hicieran negocio con activos expropiados por el gobierno estadounidense a los monárquicos expulsados de Estados Unidos hacia el norte en los tiempos de la Revolución Americana, allá por el siglo XVIII. Algo a todas luces absurdo, aunque no menos que el famoso título tercero.

Sea como fuere, es obvio que el criminal bloqueo económico a Cuba no solamente sigue en vigor desde hace sesenta años, sino que ha aumentado cada  vez más su presión sobre la isla hasta alcanzar cotas absolutamente increíbles en la actualidad. La incontestable evidencia de la criminalidad de estas medidas ha sido reconocida por las propias Naciones Unidas, en cuya Asamblea General ha presentado Cuba cada año sendas resoluciones tituladas “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba” hasta en 27 ocasiones, desde 1992 hasta hoy. En todas y cada una de las ocasiones en las que se ha votado, la resolución ha ido sumando más votos a favor y menos en contra. Hasta el punto de que en la última votación, celebrada en 2018, se registraron 189 votos a favor de la retirada del bloqueo y solamente dos en contra: el de Estados Unidos y el de Israel.

El bloqueo no es solamente una ignominia desde el punto de vista de la soberanía nacional de Cuba o del derecho internacional. El bloqueo es una losa insuperable para el presente y el futuro de los cubanos. No sólo ha cercenado el comercio con Estados Unidos, con quien la isla canalizaba alrededor del 70% de sus flujos comerciales exteriores antes de la Revolución, sino que dificulta enormemente las relaciones económicas de Cuba con otros países. Cualquier empresa que haga tratos con este país está amenazada constantemente de sanción, como ha ocurrido, por ejemplo, con los casos de UBS, BNP-Paribas o Société Générale, lo que desanima a cualquier potencial inversor, comprador o vendedor extranjero a establecer lazos económicos con la isla. Además, Estados Unidos sólo permite las transacciones con Cuba en dólares en efectivo y al contado, lo que, unido a las enormes dificultades del gobierno para lograr divisas por las restricciones a las remesas, al comercio y a los flujos financieros, agrava aún más la situación. Obviamente, todo esto aumenta los costes de las operaciones comerciales y financieras con el resto del mundo para Cuba, de manera que se deteriora aún más su relación real de intercambio con el exterior. Por no hablar de las consecuencias personales de todo esto, tanto para las familias cubanas como para las comunicaciones, la cultura, la ciencia, etc, etc. Se estima que, en resumen, el bloqueo económico ha costado a Cuba alrededor de un billón de dólares a lo largo de estas seis décadas, es decir, unos cuatro o cinco mil millones de dólares al año. Nada menos que el 4-5% de su PIB anual.

Y, a pesar de todo, Cartago sigue caminando. Cuba disfruta de un índice de desarrollo humano (IDH) alto, de 0,777, que es similar al de México, por ejemplo, aunque el PIB de este último sea dos veces y media el de la isla. Y los cubanos tienen una esperanza de vida superior a la de Estados Unidos, aunque la renta media de los norteamericanos sea siete veces y media la de los cubanos. Además, tiene una tasa de mortalidad infantil en 2018 de 3,7 por cada mil nacidos, que no sólo es notablemente inferior a los escandalosos 5,6 de Estados Unidos, sino que es la mejor de todo el continente americano, incluyendo a Canadá, y está a un nivel similar al de países como Reino Unido o Francia.

Y todo esto, por no hablar de que Cuba es el único país del mundo que ha logrado combinar un IDH alto con una huella ecológica sostenible. Así, mientras que harían falta cinco planetas para que todos los habitantes del mundo tuviéramos un ritmo de consumo equivalente al del estadounidense medio, dos planetas y medio para equipararlo con el de los españoles y 1,7 para igualarlo a la media mundial, el modo de vida de Cuba exige solamente 1,09 planetas. Esto significa que el proceso socialista cubano, a pesar del lastre mortal del bloqueo y de sus propias contradicciones internas, ha sido capaz de desarrollar un sistema socioeconómico no sólo mucho más justo y equitativo socialmente, sino mucho más sostenible ecológicamente.

En resumidas cuentas, y muy a pesar del hegemón norteamericano y sus modernos catones, Cuba no cae. Ni siquiera ante la infame y continua injerencia del bloqueo imperialista, unánimemente rechazado por la comunidad internacional. Un bloqueo que es el epítome del modo de proceder de una potencia, la estadounidense, que se caracteriza por atacar indiscriminadamente cualquier proyecto de emancipación socialista allá donde se encuentre, cueste lo que cueste y sin reparar en los más básicos principios de la soberanía nacional, la democracia o la más simple y universal humanidad.

Ante una ignominia histórica de este calibre, no queda más remedio que afirmar sin ambages: Cuba servanda est!

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