Cuba rechazó este miércoles la decisión del Gobierno de EE.UU. de suspender solo por dos semanas más y con excepciones una controvertida norma que permitiría a cubano-estadounidenses reclamar propiedades en la isla confiscadas hace más de cinco décadas.
«Rechazo anuncio de Sec Estado #EEUU sobre ley #HelmsBurton, aberración que jamás debió existir. Viola el Derecho Internacional, daña a toda #Cuba, a cada familia. 191 países reclaman sea eliminada en su totalidad», tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.
El mensaje responde al emitido horas antes por el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, que anunció que aplazará por dos semanas más la aplicación del título III de la ley Helms-Burton, lo que extiende parcialmente la suspensión previa de un mes anunciada el pasado 4 de marzo.
Pompeo anunció hoy que impedirá la entrada en vigor de esa provisión desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, pero continuará permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en una «lista negra» del Departamento de Estado.
El título III de la ley Helms-Burton fue creado en 1996 para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de EE.UU. a las compañías que supuestamente se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas hace 60 años, antes de la Revolución de 1959.
Desde su creación, el título III ha sido suspendido por todos los Gobiernos de EE.UU. cada seis meses, pero el Ejecutivo de Donald Trump ha acortado cada vez más esos plazos: primero lo anuló por 45 días, luego durante un mes y ahora por solo dos semanas más.
De aplicarse esta provisión podría generar una compleja maraña de litigios internacionales con corporaciones de diversos países que operan en Cuba, como es el caso de Meliá y otras firmas españolas que gestionan en régimen de empresa mixta hoteles propiedad de compañías de las Fuerzas Armadas.
Cuando la Helms-Burton se aprobó hace 22 años, los países con intereses empresariales en la isla se opusieron y la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El litigio concluyó con el compromiso de EE.UU. de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.
En marzo, y por primera vez, el Gobierno de Trump estableció que los cubano-estadounidenses podían demandar a las 200 compañías cubanas incluidas en la conocida como «lista de restricciones a Cuba» del Departamento de Estado, aunque las firmas extranjeras siguen exentas.
Esa «lista negra» incluye entidades relacionadas con la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad.
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