Raquel Montón
Responsable de las campañas de Energía Nuclear y Movilidad de Greenpeace


Todos los indicadores, todos los investigadores, todos los informes, evidencian la emergencia climática que, por otra parte es notoria por todo el mundo. Todas las amenazas que plantea la crisis climática aparecen en el informe de este año sobre riesgos globales del Foro Económico Mundial que se celebró hace dos semanas, y en la que Greenpeace también acudió, pero “algunos de los poderosos de Davos” sólo consideran este problema un tema más, y sin embargo esta crisis no es una amenaza, es una realidad en la que los impactos son más rápidos, con mayor intensidad y, sobre la cual debemos actuar de inmediato.

El informe especial del año pasado del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) estableció claramente que para disminuir el riesgo de sobrepasar el calentamiento global de 1,5 grados para 2030 debemos reducir las emisiones mundiales a la mitad, y también cómo podemos ganar en el clima, la equidad y la economía, pero solo si empezamos ahora y juntos.

España presenta claros ejemplos sobre los impactos del cambio climático sobre el territorio y las personas, así como sobre las oportunidades económicas que se presentan para las empresas, y también es clara la necesidad de la acción política decidida para impulsar dicha transición por el camino de la equidad.

El Presidente del Gobierno español habló sobre la “desigualdad inaceptable” generada por la crisis económica, olvidando recordar que  será insoportable si no se afronta la crisis climática. Entre sus muchas reuniones no ha mantenido ninguna con empresas del sector energético, a pesar de que hace apenas unos días su ministra de energía decía, y él también recordaba en Davos, que la apuesta por la transición ecológica va a reducir la dependencia energética y va a abrir muchas oportunidades, con un plan que contempla unas inversiones de más de 200.000 millones de euros en los próximos diez años. Sin embargo Greenpeace si ha mantenido reuniones con las empresas eléctricas con mayor volumen de negocio en España, porque la Cuarta Revolución Industrial sólo será si esta revolución está al servicio de resolver el cambio climático. Iberdrola y Enel ven clara la necesidad y la oportunidad de esta transición hacia una sistema  completamente renovable, comparten también la idea de que la mejor manera de asegurar la inversión es una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que permita la estabilidad jurídica ofreciendo así una oportunidad de oro para el desarrollo en España.

Que estas empresas lo vean así, no es sinónimo de que lo vayan a hacer, porque sin duda lo primero serán sus cuentas de resultados. Por lo tanto es fundamental, que ambos empresas y gobierno pasen de las palabras a los hechos, y sean coherentes con sus discursos y promesas.

A todo ello hay que añadir que la crisis ambiental, además de un rumbo legal claro, necesita el apoyo social para dotarlo de la ambición para llegar más lejos y más rápido garantizando que la transición a esta economía sea justa para que las comunidades y los trabajadores se beneficien. Los gobiernos tienen que imponer reglas efectivas y vinculantes sobre el comportamiento corporativo, para que sean responsables ante las personas y el planeta. El Gobierno de España, junto con toda  la clase política, puede y debe imponer estas reglas.

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