El Vaticano reconoció la soberanía del dictador Francisco Franco tras el final de la guerra civil y lo condecoró reconociendo al fascista como un elegido de Dios. Por ello, y por la gracia de Franco, la Iglesia fue colmada de regalos y privilegios. Entre los más destacados, estaban las inmatriculaciones.

La reforma que hizo Franco de la Ley Hipotecaria para beneficiar al clero en 1946, incluía en su artículo 206 –y el 304 del Reglamento que la desarrollaba– la equiparación de la Iglesia católica con una corporación pública a la hora de inscribir un bien inmueble. De esta forma, únicamente era necesaria la mera firma de un obispo, que actuaba como funcionario público, para que una propiedad fuera inscrita a su nombre.

Inmatricular, según la jerga administrativa, es inscribir un bien inmueble por primera vez e incorporarlo al Registro Público de la Propiedad. La Iglesia encontró en esta acción, el instrumento perfecto para incrementar su patrimonio inmobiliario a base de cementerios, pisos, huertos, parroquias, catedrales y otro tipo de propiedades que hasta ese momento pertenecían al pueblo o a particulares.

La iglesia ha inscrito como suyas, en dos décadas, 30.000 propiedades que van desde templos a casas parroquiales, o incluso fuentes y parques infantiles. Sin la publicación del listado de bienes adquiridos por la Iglesia de esta manera, Ayuntamientos o particulares no pueden reclamar la titularidad de esos bienes.

La traición de Sánchez

En 2015 en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez le decía a Mariano Rajoy, presidente en aquellos momentos, que publicara la lista de la amnistía fiscal de 2012: “publique esa lista porque sino lo haremos nosotros en cuanto lleguemos”.

El Gobierno de Sánchez y el PSOE habían defendido hacer público ese listado y acabar con las inmatriculaciones de la Iglesia sobre edificios de dominio público. En una respuesta parlamentaria en el Senado, el Gobierno recordaba que está “prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica”.

En ese mismo documento, el Gobierno de Sánchez aseguraba que cuando finalizase el listado se llevaría a cabo “la publicación de dichos datos”. Es más, la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, el pasado 20 de noviembre de 2018, hace algo más de un año, defendió en el Senado: “estamos trabajando para tener la información disponible y, además, para hacerla pública”.

El propio Pedro Sánchez ha defendido que había que “acabar con las inmatriculaciones de la Iglesia”. Así lo defendió en un acto en abril de 2017 en Córdoba, la ciudad, precisamente, donde hay uno de los bienes inmatriculados por la Iglesia más conocidos: la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Sin embargo, ahora que tiene la posibilidad de luchar contra esta injusticia histórica, el Gobierno de Sánchez ha decidido ahora acudir a los tribunales para no hacer público el listado de bienes inmatriculados de la Iglesia católica. Este recurso judicial del Ministerio de Justicia se produce tras una petición de información de Maldita.es solicitando ese listado y una resolución favorable del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En 2016, en cambio, defendía que había que ser transparentes y el ahora presidente del Gobierno anunciaba medidas de regeneración democrática y pedía “transparencia total”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en julio de 2018 en una rueda de prensa del Consejo de Ministros que podrían hacerlo con nuevas amnistías fiscales, pero no con la de 2012. «No encontramos la capacidad jurídica para cuestiones que se hayan efectuado con anterioridad», justificó Montero, tal y como recogió eldiario.es.

La Iglesia logró inscribir a su nombre estos miles de bienes de forma opaca y sin ningún control, algo que diversas organizaciones han denunciado como una «apropiación ilegítima«. Muchos de estas propiedades fueron posteriormente vendidas, con sus correspondientes ingresos por una cuantía desconocida.