La titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, instructora de varios casos de corrupción y sancionada por el Consejo General del Poder Judicial por dilaciones indebidas, ha dicho hoy que pocos compañeros han aguantado las “presiones” que ella sí ha “tenido que soportar”.
La magistrada, instructora del caso Pokemon, va a recurrir la sanción de 7 meses y un día que le impuso el Poder Judicial por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Una sanción que, si se confirma, conllevará la pérdida de destino de la jueza.
De Lara, en su primera comparecencia pública para hablar de este asunto, ha confiado en que el recurso sirva para matizar la sanción, dado que si lo que se pretende “es priorizar o agilizar las causas, con una sanción de ese tipo, se puede conseguir el efecto contrario”.
Ha reconocido que aún no puede “realizar valoraciones sobre algo cuyo contenido exacto” desconoce, porque la sanción todavía no le ha sido notificada, pero confía en que sus argumentos sean escuchados porque “muy pocos compañeros” han tenido que soportar “las presiones de todo tipo” a las que se ha visto sometida durante “bastantes años”.
La jueza ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas después de un juicio que se celebró hoy en Lugo por las amenazas que profirieron contra ella un empresario lucense y su madre.
“Es la primera vez que me veo en un asunto de este tipo, entonces no sé si es normal que primero te llamen por teléfono. Yo recibí una llamada de teléfono y, creo que fue simultáneo, cuando se publicó en los medios de comunicación. Lo que no sé es si es normal que se tarde tanto en notificar, no tengo ni idea”, ha apuntado la magistrada.