Introducción: Las políticas de vivienda benefician a los bancos privados

Desde hace mucho tiempo, los Estados, que se supone que deben garantizar que todos puedan disfrutar de sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a un alojamiento digno, han optado en la mayoría de los casos por colocar la propiedad privada en el centro de sus políticas de acceso a la vivienda (Di Feliciantonio y Aalbers, 2018). Como resultado, en muchos países, la mejor forma de obtener una vivienda adecuada y asequible es mediante la compra o la propiedad. Esto significa que los bancos privados disfrutan de una posición privilegiada, ya que son quienes proporcionan las hipotecas que necesitan la mayoría de las y los compradores de viviendas. Los bancos colaboran en la expansión del mercado inmobiliario en propiedad a la vez que han participado en su colapso, como ocurrió en Estados Unidos en 2007 y posteriormente en otros países, como España. En efecto, con la concesión de préstamos hipotecarios se crearon burbujas de crédito que acabaron estallando. Los poderes públicos siguen apoyando a los bancos privados que actúan en el mercado de la vivienda de varias formas, directas e indirectas: medidas fiscales favorables a los propietarios, subvenciones públicas concedidas a estos mismos propietarios (las primas de renovación, por ejemplo), abandono de la vivienda social o pública (privatización del parque de viviendas públicas o falta de inversión pública), desregulación del mercado privado de alquiler; pero sobre todo, insuficiente control de las actividades bancarias a pesar del peligro probado de formación de burbujas de crédito.

Los bancos son empresas privadas que buscan la rentabilidad, y no pretenden garantizar el acceso a una vivienda digna para todos; ésta es una función de los Estados. Entre fomentar la propiedad privada e invertir en el derecho de las personas a la vivienda, parece que hay que elegir y que nuestros dirigentes y sus predecesores ya han elegido. Han optado por desentenderse de los derechos fundamentales de sus pueblos, y en particular del derecho a la vivienda, ya que asumen muy poca responsabilidad al respecto (Madden y Marcuse, 2016). Como consecuencia, millones de hogares tienen cada vez más dificultades para encontrar una vivienda digna, asequible y adecuada en unos mercados inmobiliarios cada vez más competitivos y con precios disparados. En algunos países, como Grecia, los poderes públicos han abandonado completamente su papel y no garantizan casi nada (Siatitsa, 2019).

Nos parece obvio que en un estado democrático que tenga cuenta y respete los derechos fundamentales de las personas, los bancos privados no deberían haber asumido este papel esencial y la propiedad privada no debería haber estado en el centro de las políticas de vivienda. En este sentido, consideramos que la concesión desproporcionada y abusiva de hipotecas a los hogares –en parte titulizadas y por lo tanto elevadas al altar de las finanzas –ha contribuido muy decisivamente a la agudización del problema de la vivienda, en la misma medida que el endeudamiento público se utilizó para recapitalizar los bancos después de la crisis de 2007-2008. Dicho endeudamiento condujo a los años oscuros de las políticas de austeridad, reforzando aún más el problema de la desinversión y la desvinculación de los poderes públicos (Barbero, 2015).

Intentaremos explorar el vínculo entre la cuestión de la vivienda y las deudas privada y pública desplazando el foco hacia el sistema bancario. Nos parece esencial destacar la responsabilidad de los bancos privados en los procesos de mercantilización y financiarización de la vivienda, que privan a varios millones de personas de la posibilidad de una vivienda digna sólo en los países del Norte. La cuestión es aún más fundamental hoy en día, en plena crisis sanitaria, porque los incentivos a la compra continúan mientras que las políticas a favor de la propiedad privada han contribuido a excluir a una parte no despreciable de la población de la posibilidad de acceder a una vivienda digna, adaptada y asequible. Además, el efecto macroeconómico de las burbujas hipotecarias ha sido desastroso, desde 2007, y ha afectado a las y los ciudadanos de forma profundamente injusta. La austeridad impuesta como resultado de la recapitalización de los bancos quedará como una experiencia grabada para siempre en la memoria de las generaciones que vivieron la crisis de 2007-2008. Nos resulta sorprendente que aparentemente no se haya aprendido ninguna lección desde entonces, ya que las autoridades públicas siguen desinvirtiendo en el mercado de la vivienda social y pública. El control de la actividad bancaria sigue siendo casi inexistente y las burbujas de crédito a los hogares siguen siendo la norma.

Nuestro análisis se centrará en el territorio europeo. En la primera parte, explicaremos el papel de los bancos. También examinaremos brevemente el contexto que favoreció la creación de grandes carteras de crédito y sus efectos en el conjunto de la economía durante y después de la crisis de 2007-2008. Los bancos han demostrado ser incapaces de sobrevivir a una crisis financiera por sí mismos, aunque hayan sido en gran parte responsables de ella, y parecen funcionar como máquinas de producir crisis. Es a través de la inversión pública y, por tanto, del aumento de la deuda pública, cómo muchos de ellos han podido seguir en activo, con graves consecuencias para la población.

Deuda ilegítima, deuda ilegal, deuda odiosa

El desfase entre los ingresos y los gastos de una persona puede salvarse mediante el endeudamiento. En la compra de una casa, un apartamento u otro tipo de vivienda, las y los futuros compradores generarán un gasto que supera ampliamente sus ingresos corrientes, por lo que solicitarán a sus bancos préstamos hipotecarios. A cambio, tendrán que comprometer una parte de sus ingresos durante los próximos años o décadas. Por lo tanto, un préstamo hipotecario constituye una promesa de trabajo a largo plazo, e incluso de ingreso, lo que ya es en sí un problema si tenemos en cuenta que la economía capitalista neoliberal está en crisis perpetua y que, en este contexto, una promesa de ingresos para los próximos años es en gran medida materia de especulación, con independencia de las propias intenciones de las y los deudores. En efecto, éstas y estos son incapaces de controlar los efectos de una crisis económica sobre su trabajo y sus ingresos, como lo demuestra la situación de millones de deudores insolventes después de la crisis de 2007-2008; y la situación actual vinculada a la pandemia de la Covid-19 podría ser igualmente problemática para los hogares deudores. Si, además, las y los futuros compradores no tienen más remedio que endeudarse para pagar la vivienda, nos inclinamos a considerar sus deudas como ilegítimas (García-Lamarca, M. y Kaika M., 2016).

Dado que los mercados de alquiler en la mayoría de las ciudades europeas se han vuelto altamente competitivos, incluso saturados, discriminatorios, caros y no regulados, con ofertas no siempre adaptadas a las circunstancias de vida o a las formas de vivir, la compra aparece como una alternativa. Ésta pretende ofrecer la posibilidad de una vivienda digna, adaptada o adaptable, asequible, regulada y no excluyente. Sin embargo, las cosas no siempre son tan sencillas. Para que la compra se considere una opción real y libre, el alquiler tendría que ofrecer posibilidades equivalentes. Sin embargo, a partir de los años 90, los hogares se endeudaron, en gran medida, ante la falta de viviendas públicas y sociales, de políticas públicas destinadas a regular el mercado del alquiler a largo plazo y de voluntad política para hacer efectivo el derecho a la vivienda para todas y todos. Esta triple carencia ha permanecido oculta tras un imaginario social construido sobre un ideal político neoliberal. En Bélgica, la expresión “tener un ladrillo en la barriga” atestigua la normalización de la aspiración a la propiedad privada y, por lo tanto, al endeudamiento durante a veces 30 años (Fares et al., 2020).

Hoy en día, cada vez más personas viven en viviendas inadecuadas, incluso insalubres, en condiciones de hacinamiento; demasiado caras o demasiado alejadas de sus lugares de trabajo o actividad, y el camino hacia la vivienda puede ser difícil para muchas personas que sufren discriminación social, de género y racial. Como resultado, millones de personas están mal alojadas, mientras que miles más se encuentran sin hogar. Dicha falta de vivienda ha tenido efectos dramáticos para gran parte de la población, especialmente para las y los inquilinos, que no han tenido acceso a las hipotecas bancarias que incitan a las y los que pueden a endeudarse a cualquier precio (Desmond, 2016).

Al ser esta supuesta elección que hicieron muchas familias para comprar sus viviendas el resultado de la citada carencia, podemos considerar que las deudas hipotecarias pueden haber sido en gran medida ilegítimas y por lo tanto deberían ser canceladas. Si las y los deudores hubieran podido elegir entre dos posibilidades –alquilar o comprar una vivienda adecuada, digna y asequible– y si las y los acreedores, es decir los bancos, no sólo hubieran tratado de satisfacer a sus accionistas sino de ofrecer sus servicios teniendo en cuenta las propias necesidades de los deudores y la situación económica nacional y mundial, la cuestión habría sido diferente. También hay que recordar que antes de 2007, un gran número de deudoras y deudores ya no podían reembolsar sus hipotecas; con la crisis, se les exigió que pagaran a toda costa, y en caso contrario se les desalojó o se les amenazó con el desahucio (European Action Coalition for the Right to Housing and the City, 2018).

Cuando, por ejemplo, cientos de miles de hogares en Estados Unidos y España contrataron hipotecas demasiado elevadas para sus modestos ingresos, resultó que estos préstamos eran en gran medida ilegítimos y a veces incluso ilegales. Eran ilegítimos porque no beneficiaban realmente a las y los deudores: eran demasiado caros, los contratos de deuda no eran claramente ventajosos para aquéllos, las y los deudores no tenían ninguna alternativa a la compra de sus viviendas y, por lo tanto, se veían obligados a endeudarse. Un número importante de hipotecas eran incluso ilegales, con cláusulas abusivas en los contratos de préstamo. La ilegalidad de las hipotecas españolas fue puesta de manifiesto por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), uno de los mayores movimientos por el derecho a la vivienda en Europa, que nació a raíz de la crisis hipotecaria española iniciada en 2008, la más violenta del continente (García Cabeza M. y De Weerdt J., 2015) .

En Chipre y otros países, los bancos concedieron créditos.

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. al consumo para que los hogares pudieran obtener una hipoteca, abusando e incluso eludiendo las normas de crédito que exigían una determinada cantidad de capital propio. A principios de la década de 2000, otra estafa consistió en que los bancos europeos concedían hipotecas en francos suizos. Luego, los bancos exigían que se les devolviera el dinero en moneda local. Al subir el valor del franco suizo, los hogares se vieron incapaces de devolver sus préstamos y sufrieron una situación de deuda perpetua. Un millón de hogares deudores de Polonia, Eslovenia, Grecia, Francia y otros países balcánicos fueron víctimas de esa estafa (Toussaint, 2019).

Estas prácticas demuestran dos cosas importantes: por un lado, que los bancos adoptaron una actitud odiosa para obtener el máximo beneficio y, por otro, que concedieron muchos más créditos de los que debían, sin que fueran suficientemente controlados y sus actividades suficientemente refrenadas, lo que demuestra la responsabilidad de los Estados y, más en general, de las instituciones europeas e internacionales. Cuando una o un acreedor presta dinero con ánimo de lucro a sabiendas de que pone al deudor en una situación imposible, se habla de deuda:

1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de esos intereses, y/o a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder.

2.- La complicidad de los prestamistas: Los acreedores sabían (o tenían la capacidad de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población.

Para Sack, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debía tenerse en cuenta. Una deuda contraída por un régimen autoritario debe, según Sack, ser reembolsada si ésta sirve a los intereses de la población. Un cambio de régimen no autoriza el cuestionamiento de la obligación que tiene el nuevo régimen de pagar las deudas del gobierno precedente, salvo si éstas fueran odiosas.

[Extractos] del Tratado jurídico y financiero por Alexander Nahum Sack, ex profesor agregado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Petrogrado.

A partir de esta definición «conservadora» de deuda odiosa, otros juristas y movimientos sociales, como el CADTM, ampliaron esta definición teniendo en cuenta, especialmente, la naturaleza del régimen que contrae la deuda y la consulta que se hace, o no se hace, a los parlamentos nacionales para la aprobación o la concesión del préstamo.

De manera especial, citemos la definición de deuda odiosa utilizada por la Comisión para la verdad sobre la deuda griega, que se apoya, a la vez, en la doctrina de Sack, y también en los Tratados internacionales y los principios generales del derecho internacional.

Así que una deuda odiosa responde a:

1.- Una deuda contraída en violación a los principios democráticos, que comprende el asentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad, y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad de saber, lo precedente.

O a lo siguiente:

2.- Una deuda que tiene por consecuencia negar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad para saber, lo precedente. (Ludington et al., 2010). Los conceptos de deuda ilegal, ilegítima y odiosa se aplican por igual al crédito privado y a la deuda pública. Nos parece importante mencionarlos porque es a partir de estos conceptos que reivindicamos la necesidad de anular determinadas deudas públicas y privadas y salir del dogma del reembolso a toda costa (Toussaint, 2017).

Cuando los gobiernos optaron por recapitalizar a los bancos privados a pesar de las dudosas prácticas de éstos, provocaron un aumento significativo de los niveles de deuda pública en relación con el PIB.

Son por ello las poblaciones enteras de los países endeudados las que han pagado el precio. Hay algo fundamentalmente ilegítimo en pedir a la gente que refinancie, mediante el aumento de los impuestos y la austeridad, un sistema bancario que durante años se ha aprovechado de sus ingresos y ha creado las condiciones para su dependencia por la falta de alternativas a la deuda (Graeber, 2011). El gasto público que se ha utilizado para recapitalizar el sistema bancario no ha servido para socializar a los bancos, ni siquiera en parte, ni para someterlos a un control más estricto, ni tampoco para limitar realmente su actividad financiera. Por lo tanto, siguen beneficiándose de los ingresos de los hogares de varias maneras: a escala individual, concediendo préstamos a las familias y beneficiándose de su devolución; y a escala colectiva, al haber sido recapitalizados con dinero público obtenido mediante los impuestos y la deuda pública.

La poblacion endeudada no parece haber ganado nada con la recapitalización de los bancos, por cuanto con ello se ha evitado el colapso de un sistema bancario que concedió créditos a veces ilegales, ilegítimos y odiosos, sin haber conseguido exigirles ninguna compensación y quedando expuestos a nuevas crisis. [1] En este sentido, los miles de millones de euros inyectados en los bancos, desde Bruselas a Atenas, pasando por Nicosia, Madrid, Lisboa y Dublín, han creado una deuda pública ilegítima que también debería haber sido cancelada.

Lo peor de esta historia es que al no ser la recapitalización bancaria suficiente para salvar el sistema bancario de los países que la han llevado a cabo, ha proporcionado oportunidades de inversión a los fondos especializados en la compra de préstamos morosos, conocidos como “fondos”. Los fondos buitre son actores financieros privados que han hecho de las deudas públicas o privadas insolventes su negocio. Las compran en grandes cantidades, a precios de saldo en el mercado secundario de deuda, y luego intentan beneficiarse de ellas de la forma más odiosa posible. Para ello, disponen de diferentes técnicas adaptadas al contexto y la naturaleza de los créditos que compran. En el caso de la deuda pública, exigen el reembolso del 100% de un bono que han recomprado a un precio ridículo, a veces tan sólo entre el 5% y el 20% de su valor nominal. Así, por una inversión de 5.000 millones de euros pueden exigir al país deudor 100.000 millones de euros de reembolso y obtener beneficios colosales. Para lograr su objetivo, suelen recurrir a las jurisdicciones de Nueva York o Londres, que sistemáticamente les favorecen. En Bélgica existe una ley contra los fondos buitre que limita la posibilidad de éstos de obtener este tipo de beneficios y que es única en el mundo.

En el caso de las deudas privadas, los fondos buitre actúan de forma algo diferente. [2] Compran créditos morosos a los bancos para “sanear” los balances de éstos, consiguiendo así grandes cantidades de créditos (y, por tanto, también de viviendas en cantidades que a veces superan algunos miles de unidades) a precios excepcionalmente bajos y, al cabo de unos años, venden sus activos inmobiliarios por unidad o, en el caso de otras deudas, acosan a los deudores insolventes para obtener su reembolso. Es fácil imaginar el beneficio que este procedimiento genera. En Europa, el Banco Central.

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. Europeo (BCE) insistió en que los bancos aceptaran vender sus paquetes de préstamos morosos a estos fondos porque consideraban que debían deshacerse de sus activos tóxicos a toda costa. Esta fue la consigna del BCE en un momento en que los préstamos morosos ascendían a más de un billón de dólares en Europa.

La actividad de los fondos buitre es claramente odiosa y, sin embargo, han actuado y siguen actuando libremente en casi todo el mundo, entre otros en Irlanda, Portugal, España, Chipre y Grecia. También actúan en los países más ricos de Europa, como Alemania, donde la financiarización del mercado inmobiliario residencial ha sido y sigue siendo muy agresiva en los últimos años, despertando la ira de crecientes movimientos sociales (Hoffrogge, 2019), especialmente en Berlín. Blackstone, Vonovia, Cerberus, Apollo, Deutsche Wohnen y muchos otros son nombres que los habitantes de las ciudades europeas no olvidarán en mucho tiempo.

Metodología: Combinar la acción y la investigación

Con la introducción de las nociones de ilegitimidad, ilegalidad y odiosidad, pero también con la aclaración de los papeles de los diferentes actores que giran en torno a los bancos (poderes públicos, fondos buitre, instituciones europeas y en particular el BCE), esperamos haber puesto de manifiesto la forma en que se produce la transferencia de riqueza a través de los créditos hipotecarios y las consecuencias de dicha transferencia sobre el derecho a la vivienda. La centralidad de los bancos en las políticas de vivienda y, por tanto, la centralidad de la propiedad privada, no busca otra cosa que la realización de esa transferencia. No es imposible imaginar las cosas de otra manera, e incluso es urgente devolver la cuestión de la vivienda a su dimensión colectiva.

Nuestra investigación tiene dos bases fundamentales. La primera se nutre de nuestro trabajo de larga duración sobre la deuda pública en el seno del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM). Ello nos ha permitido identificar las principales causas del aumento de la deuda pública en Europa tras la crisis de 2007-2008, entre las que se encuentra la recapitalización bancaria. El trabajo de análisis de la deuda griega, desarrollado en el seno de la Comisión de auditoría para la Verdad sobre la Deuda Griega, en 2015 y continuado después, nos ayudó a construir nuestro caso. Nuestros análisis a menor escala de la deuda pública de otros países nos han mostrado que las deudas públicas de Chipre, España, Portugal e Irlanda tienen características similares (Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública Griega, 2015).

La segunda base es nuestra participación en las luchas populares por el derecho a la vivienda. Desde hace años seguimos y apoyamos las luchas de los colectivos miembros de la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad. También estamos implicadas e implicados en las luchas locales en Bélgica y participamos activamente en la defensa de las y los inquilinos frente a sus propietarios, muchas y muchos de los cuales podrían considerarse a su vez “inquilinas” de sus bancos. En este periodo de crisis sanitaria, hemos comprobado que las políticas públicas de vivienda, incluso las que pretenden ser “urgentes”, han resultado más beneficiosas para los bancos que para la población. Esto nos ha permitido comprobar, con mucho pesar, que las observaciones que hacíamos hace ya unos años siguen siendo válidas hoy en día, mientras que la consigna de los gobiernos ante la crisis sanitaria era quedarse en casa, lo que implicaba la posibilidad de tener una vivienda.

Combinando la experiencia que hemos desarrollado sobre la deuda pública y nuestra participación en las luchas por el derecho a la vivienda, creemos que podemos demostrar la necesidad de transformar profundamente el sistema bancario que afecta a nuestro derecho a vivir en una vivienda digna y asequible.

 Relación entre la crisis financiera y la crisis de la vivienda en la última década

Un gasto público excesivo no fue la causa de la crisis de 2007-2008, como han afirmado a menudo los dirigentes europeos, sino que fue debida a la crisis de las hipotecas de alto riesgo (subprime), es decir, el momento en que estalló la burbuja hipotecaria creada por los bancos estadounidenses (Toussaint, 2017). Para ilustrar la magnitud de esta burbuja hipotecaria, recordemos que en Estados Unidos el número de viviendas nuevas construidas en 2006 fue 1,5 veces superior al del año 2000, es decir, un aumento de 800.000 viviendas en un año (Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad, 2018). En determinado momento, estas viviendas no fueron ocupadas, dado que la oferta no satisfacía ninguna demanda real. Esta sobreproducción de viviendas fue de la mano del deseo de aumentar la cartera de activos bancarios. Con la titulización de las deudas hipotecarias, la crisis de las hipotecas de alto riesgo pronto se convirtió en una crisis financiera mundial y, posteriormente, en una crisis de la deuda soberana en el Norte.

Se observaron crisis similares en varios países de Europa Central y Oriental, así como en Irlanda, el Reino Unido, España y los Países Bajos en 2011-2012. El aumento de la deuda de los hogares entre 2000-2007 podría haber sido un precursor de lo que estaba por venir. En España, por ejemplo, la deuda de los hogares como porcentaje del PIB aumentó del 46% al 83%, a la vez que la deuda pública bruta cayó del 58% al 37% del PIB durante el mismo período. Se observaron tendencias similares en Portugal, donde el porcentaje de deuda de los hogares aumentó del 59% al 84%, mientras que la deuda pública bruta sólo aumentó ligeramente durante el mismo periodo, del 49% al 63%. En Grecia, la tasa de endeudamiento de los hogares, inicialmente muy baja (14%), aumentó drásticamente hasta el 42% en siete años, mientras que la deuda pública, ya muy elevada, apenas pasó del 104% al 106% del PIB (en 2011 alcanzó el 162% del PIB). En el conjunto de la zona euro, las deudas de los hogares han aumentado mucho menos: del 49% al 54% del PIB, mientras que la deuda pública ha disminuido ligeramente del 68% al 66% (Toussaint, 2014). Comparando estas cifras, podemos ver que el aumento de la deuda privada de los hogares ha sido mucho mayor en los países de la periferia de la UE, donde la crisis de la vivienda asequible, debida a las hipotecas impagadas que comenzó en 2008, fue más importante.

Después de 2007, los bancos privados limitaron los préstamos a los hogares y las empresas en esos países y siguieron produciendo activos destinados a las empresas no financieras. Las ratios de deuda pública bruta aumentaron fuertemente en los tres países entre 2007 y 2011, del 37% al 62% del PIB en España, del 63% al 96% en Portugal y del 108% al 162% en Grecia. El hecho de que la deuda privada se haya estancado durante este periodo mientras que la deuda pública ha aumentado ilustra en parte el proceso de recapitalización bancaria comentado anteriormente.

Ahora, con una crisis sanitaria que dura ya más de un año, con unos paquetes de estímulo de la Unión Europea que anuncian nuevas deudas y con unos déficits públicos en crecimiento, las cifras de la deuda soberana han alcanzado cotas nunca antes imaginadas, y los niveles de deuda de España, Portugal y Grecia de 2011 pueden parecer ridículos. Sin embargo, el rigor presupuestario definido por el Tratado de Maastricht obligaba hasta hace poco a los países miembros a limitar su ratio deuda/PIB al 60% y su déficit público al 3% del PIB. El rigor impuesto por la normativa europea ha allanado el camino para los años de austeridad.

El ejemplo de Grecia es especialmente revelador y contribuye a ilustrar el impacto de la austeridad sobre el derecho a la vivienda. En Grecia, la austeridad fue impuesta por la Troika al gobierno, bajo su tutela durante años, sin que el país llegara a salir realmente de ella. Así, las y los acreedores del país pudieron exigir cambios legislativos para beneficiar a los bancos, especialmente cambios en la ley Katseli (creada para limitar el desahucio de los hogares insolventes mediante el embargo de su residencia principal por deudas impagadas) (Gotev, 2019). En febrero de 2019, por ejemplo, el Eurogrupo había amenazado abiertamente a Grecia con no pagarle los intereses de su deuda en manos del BCE si no realizaba una drástica reforma de la ley Katseli. Finalmente, ésta sufrió numerosas modificaciones en beneficio de los bancos, facilitando las ejecuciones hipotecarias.

La misma suerte corrió la legislación chipriota. El derecho a la vivienda de los hogares estaba consagrado en la legislación desde 1965. En 2014, el gobierno modificó la ley que garantizaba el derecho a la vivienda según las exigencias de sus acreedores. Esto permitió a los bancos desalojar a los hogares deudores insolventes tras 60 días de impago, que es el periodo definido para que un préstamo se considere moroso. Los hogares deudores insolventes seguían teniendo la posibilidad de retrasar su desahucio renegociando su deuda. En 2018, una nueva enmienda legislativa anuló la posibilidad de renegociar su crédito y los procedimientos de desahucio se privatizaron y automatizaron, cercenando así cualquier posibilidad de recurso.

Los hogares insolventes en España se enfrentaron a situaciones igualmente trágicas. La legislación vigente, que permitía a los bancos desahuciar a varios cientos de miles de hogares insolventes durante los años de la crisis, databa del periodo de la dictadura franquista. Era especialmente injusta porque permitía el desahucio antes de la subasta de la vivienda, a diferencia de lo que ocurre en otros países, y no eximía a los hogares de su obligación de reembolso incluso después de haber sido desahuciados. Debido a esta ley, los desahucios han sido mucho más rápidos en España. En 2018, los bancos españoles tenían en su poder 3,5 millones de viviendas vacías, las de personas que no podían pagar sus hipotecas, las de empresas constructoras que producían viviendas que no se correspondían con una demanda real y las de empresas constructoras que habían quebrado.

Estos diferentes contextos ilustran una presión extraordinariamente fuerte por parte de las y los acreedores y los Estados para despojar a los hogares insolventes de sus viviendas una vez que se ha comprobado que no pueden pagar sus hipotecas. También demuestra la responsabilidad y el protagonismo de los bancos tanto en la concesión de préstamos como en la desposesión de los hogares deudores insolventes. Los bancos y sus accionistas siempre se han negado a aceptar su responsabilidad en la crisis de 2007-2008, y por consiguiente en la incapacidad de los hogares para devolver sus préstamos; y han insistido en recuperar todos los compromisos de reembolso que se les hicieron, a pesar de su recapitalización a cargo de los contribuyentes, entre ellos, también los de los hogares deudores concretamente a través de los impuestos. En este sentido, los desahucios (sin devolución de la parte de los préstamos ya pagada) y las ejecuciones hipotecarias fueron profundamente injustas y parecen ser también una forma de recapitalización bancaria.

Hoy en día, puede sorprender que en algunos países la deuda hipotecaria siga siendo extremadamente popular. En Bélgica, por ejemplo, la deuda hipotecaria privada equivale al 54,7% del PIB. En 2018, los bancos belgas habían concedido un total de 242.700 millones de euros en préstamos hipotecarios, de los cuales 60.900 millones estaban titulizados (Aalbers, 2019). En la actualidad, tres millones de personas están endeudadas con los bancos al haber contratado préstamos hipotecarios; es decir, el 55% de la población activa. [3] En 15 años, los precios del mercado inmobiliario casi se han duplicado en todo el país, y el acceso al crédito para los hogares menos pudientes ha disminuido, [4] agravando aún más el problema de acceso a la vivienda. Esto significa que los bancos belgas no han restringido la concesión de créditos hipotecarios, a pesar de que también en Bélgica el Estado tuvo que recapitalizar algunos bancos de primer orden, entre otros Dexia, ahora conocido como Belfius.

En España, el incentivo a la compra se reanudó a partir de 2019, como si no hubiera pasado nada, mientras que entre enero y agosto del mismo año se producían 100 desahucios al día por impago de alquileres, y 42 por impago de hipotecas. [5] Cerberus, Blackstone y otros fondos buitre habían invertido en 2012-2013 en los stocks de créditos morosos de los bancos españoles hasta el punto de poseer suficientes viviendas para influir en gran parte del mercado residencial y hacer subir los precios creando burbujas de alquiler. Seis años más tarde, los fondos buitre querían revender las viviendas adquiridas a precios bajos pero por unidad, considerando que la burbuja del alquiler había llegado a su límite y que obtendrían más beneficios en el mercado de compra. [6]

En Grecia, el programa “Hércules”, introducido en octubre de 2019, ha permitido a los bancos reducir su stock de créditos morosos del 43% en 2019 al 27% a finales de marzo de 2021. La Comisión Europea se congratuló por ello y aprobó la ampliación del programa hasta 2022, a pesar de la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19. [7] Al igual que en España, los bancos griegos han titulizado sus créditos morosos, haciéndolos circular por los mercados financieros y abriendo la puerta a los fondos buitre con garantías
estatales por valor de 12.000 millones de euros sólo para la prórroga del programa. Las y los ciudadanos griegos probablemente sufrirán las mismas consecuencias que los del Estado español.

Observaciones finales: La socialización de los bancos es necesaria para hacer efectivo el derecho a la vivienda para todos

Hoy, catorce años después de la crisis de las hipotecas de alto riesgo (subprime), las consecuencias de la crisis financiera de 2007-2008 siguen golpeando a las personas, ya que los procesos de mercantilización y financiarización de la vivienda continúan. Al igual que el sector de la vivienda, el sector sanitario también se ha visto afectado por años de privatización, recortes presupuestarios, financiarización y, en algunos casos, por la acción de los fondos buitre. El resultado ha sido que este último sector no estaba suficientemente equipado para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, que implicaba que las personas se quedasen en sus domicilios. El acceso a la vivienda ya estaba gravemente comprometido para una gran parte de la población.

Los mercados inmobiliarios residenciales de varias ciudades de los países periféricos, pero también de Europa central, se han visto afectados por los fondos buitre. Es el caso de Berlín, donde el gobierno berlinés se vio obligado a reaccionar introduciendo una congelación de los alquileres durante cinco años. Esta congelación fue anulada recientemente por el Tribunal Constitucional Federal alemán, que dictaminó que los Länder no eran competentes para limitar los alquileres, afirmando así el “derecho” de los propietarios a cobrar a sus inquilinas e inquilinos un alquiler excesivo. En la doctrina neoliberal, el derecho a la propiedad es más fuerte que el derecho a vivir, ya que contribuye a alimentar el sistema bancario.

El aspecto social de la vivienda debería haber sido tenido en cuenta con más interés. Habría sido fácil imaginar que todo el mundo pudiera beneficiarse de una vivienda adecuada, asequible y segura, mediante la regulación del mercado privado de alquileres, la limitación de la propiedad privada (control de los alquileres, primacía de uso para evitar, por ejemplo, la turistización de las ciudades, etc.) o la inversión en vivienda social y pública. No habría sido necesario dar tanto protagonismo a los bancos, ni obligar a tanta gente a recurrir a los préstamos hipotecarios. Tenemos razones para temer que se estén creando nuevas burbujas cuyo estallido tendrá consecuencias mucho peores que las descritas en nuestro análisis. La urgencia de imaginar políticas de vivienda que no fomenten el recurso al endeudamiento de los hogares está presente desde hace tiempo.

También es urgente transformar fundamentalmente el sistema bancario e imponer su socialización. Los bancos, tal como funcionan hoy, refuerzan las desigualdades sociales. Son las y los más pobres los que se llevan la peor parte de las crisis que provocan, como demuestran los cientos de miles de desahucios por créditos impagados que se han producido en Europa durante la segunda década del siglo XXI. El aumento de los precios del mercado inmobiliario y de alquiler en la mayoría de las ciudades es también el resultado de las burbujas crediticias creadas por la excesiva actividad bancaria.

Los préstamos morosos no deberían haberse titulizado y vendido a fondos buitre. Deberían haber sido condonados en beneficio de los hogares deudores, ya que los Estados, a través de los impuestos, y por tanto del dinero de los contribuyentes, ya habían recapitalizado los bancos. Si un Estado europeo hubiera querido impedir que un banco vendiera sus créditos morosos, para garantizar que los hogares mantuvieran sus viviendas y no pagaran el precio de la crisis, habría tenido que tomar el control de los bancos asegurándose de ser al menos un accionista mayoritario, y enfrentarse a las instituciones europeas y, de forma más general, a sus acreedores.

Así pues, los interrogantes que plantea la anulación de las deudas privada y pública, ilegítimas, ilegales y odiosas están fundamentalmente relacionados y suponen un profundo cuestionamiento del sistema bancario y del papel de los Estados. En lugar de garantizar los beneficios de los accionistas de los bancos, éstos deberían garantizar que todo el mundo pudiera disfrutar de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vivienda.


Referencias

Traducido del inglés por J.A. Julián

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