Rafael Silva


Todo ello (…) conduce a pensar que aquello que realmente preocupa a quienes, desde las «derechas», nos alertan del peligro del parasitismo y se oponen al derecho a una renta básica —esto es, al derecho a la garantía incondicional de la existencia material para todo el mundo— no es que con una renta básica no trabajemos, sino que no lo hagamos «para ellos»: sin lugar a dudas, la emergencia de otros tipos y formas de trabajar y de producir nos apartarían de los espacios y procedimientos por ellos abiertos y arbitrados

David Casassas


Puede sonar muy fuerte la pregunta que nos hacemos en el título de este artículo, pero vamos a poder comprobar que está completamente justificada. Este artículo bien puede ser considerado como un argumento complementario a favor de la implantación de la Renta Básica Universal (RBU), pero que, digamos, toca directamente la fibra más sensible de los detractores de la medida. Concebimos la RBU como un mecanismo finalista que garantice la supervivencia de las personas y de las familias que no tengan recursos. En otros artículos de nuestro Blog hemos planteado todo lo relativo a la necesidad y la urgencia social de implantar esta medida, los movimientos sociales que la están demandando, las acciones de protesta que están implicando, las motivaciones de dicha propuesta, los derechos asociados a la misma, las posibles cuantías que se pudieran aplicar, etc., por lo cual no insistiremos aquí en esta información. Los lectores y lectoras interesadas pueden acudir a las entregas actuales de la serie “Arquitectura de la Desigualdad”, donde también estamos planteando a fondo esta medida.

Bien, pues una vez que ya hemos situado las referencias previas, volvamos a la idea principal que rotula este artículo: las tres características de la Renta Básica Universal deben ser la universalidad, la individualidad y la incondicionalidad. Según la primera, todo el mundo tiene derecho a la prestación. Según la segunda, ésta se concede a personas individuales, independientemente de que constituyan junto a otras personas, cualquier tipo de unidad familiar. Y según la tercera característica, la prestación se concede sin la exigencia del cumplimiento de otros requisitos de carácter social, tales como la realización de itinerarios formativos, o la realización de trabajos de interés colectivo. Pero vamos en el presente artículo a dar un paso más allá, y a plantearnos si dicha medida debería aplicarse no en ausencia o sustitución de ninguna otra, sino de forma absoluta, como si de una «tarifa plana social» se tratara.

Y dicho esto, se nos plantea ya la pregunta del millón: ¿Incluso aunque no se quiera trabajar? Respuesta: SÍ. Es decir, desde la izquierda (al menos, desde el sector más crítico de la misma) apostamos y entendemos que en una sociedad justa también debe existir el DERECHO A NO TRABAJAR. Vamos a explicarlo con más calma: el capitalismo, en su desarrollo durante tantas décadas, nos conduce a la asunción de una serie de axiomas sociales casi indiscutibles, pero que lejos de aceptarlos tal cual, debemos someter a debate: uno de ellos es que las personas deben desarrollar un trabajo socialmente útil y remunerado. Y claro, todos lo vemos como algo muy lógico y normal. Sin embargo, pensamos que no es así. A poco que reflexionemos con calma, nos surgen muchas preguntas: ¿qué es un trabajo socialmente útil? ¿Quién dice que lo es o no lo es? ¿Todos los trabajos socialmente útiles son remunerados? ¿Todos los trabajos remunerados son socialmente útiles? ¿En función a qué intereses establecemos dicha remuneración? Insto a los lectores/as a una profunda y serena reflexión sobre todos estos aspectos, aunque no se llegue de momento a conclusiones, simplemente para comprobar que la cuestión no es tan fácil como se nos quiere hacer ver.

La sociedad capitalista es injusta, voraz, criminal. Nos relega cada vez más a la aceptación de un trabajo según sus esquemas sociales, y sus escalas de valores. Y todo lo que no entre en dicha lógica perversa es considerado socialmente inútil, y por tanto despojado de su posible valor. Desde este punto de vista, lo que estamos denominando como el «DERECHO A NO TRABAJAR» puede ser entendido como el derecho a no realizar ninguno de los trabajos considerados socialmente útiles por el sistema capitalista, y por tanto, aptos o candidatos a su posible remuneración, y por lo tanto dignos de su dedicación. Hemos de desterrar el falso concepto de que dicho derecho nos lleva a defender la vagancia o el parasitismo social, puesto que está demostrado psicológica y sociológicamente que las personas siempre tendemos a cultivar las actividades que nos gustan, y esto lo hacemos en nuestro trabajo «oficial» (los más afortunados) o en el «no oficial», lo cual nos lleva al terreno del trabajo voluntario, no remunerado, o bien al terreno de las pasiones, de los hobbies, de las aficiones, etc.

Espero que a estas alturas del artículo, los lectores comiencen a comprender que no estamos planteando ninguna barbaridad. En última instancia, por tanto, lo que tenemos que reconocer a las personas es su capacidad de aceptar o elegir libremente cualquier trabajo o actividad, sea o no considerada «socialmente útil», y por tanto, sea o no sea remunerada, o bien a rechazarla. Pero para eso hay que romper con el capitalismo, que es quien nos ata a nuestros complejos sociales, y nos inculca e impone unos modos de vida que nos obligan a tener que recurrir (y a no renunciar) a una serie de trabajos, empleos u ocupaciones. Por tanto, defendamos el derecho a romper con esa dinámica, defendamos el derecho «a no trabajar», y defendamos, sobre todo, el DERECHO A EXISTIR, A SUBSISTIR. Y aquí es donde entroncamos con la Renta Básica Universal, y con sus características de individualidad, de universalidad y de incondicionalidad. La Renta Básica ha de concederse incluso aunque no se trabaje, para que el Estado sea garante del derecho a la subsistencia básica de todos sus ciudadanos/as.

Nuestra sociedad va fomentando poco a poco los nuevos esclavos del trabajo asalariado, incluso crece el número de pobres que trabajan, entendido como aquéllas personas que aún teniendo un salario, no pueden hacer frente a su situación vital, porque sus ingresos no les dan para vivir dignamente. El sistema capitalista degrada la fuerza del trabajo, la desvirtúa y la prostituye, la vende a la fuerza del capital, la subasta al mejor postor, y por tanto la despoja de cualquier garantía de representar para la clase trabajadora un medio asegurado de subsistencia. El sistema fomenta la elección de trabajos obligados, forzosos, aunque no sean los que queremos desarrollar, aunque ni siquiera representen unos ingresos de subsistencia, pero como sirven al esquema de valores capitalista, se defienden por los ricos y poderosos. Pero frente a ello, desde la izquierda debemos defender el derecho al trabajo opcional, al trabajo voluntario, al trabajo no remunerado, como una vertiente de desarrollo personal, que al final, seguro que es socialmente útil.

Y para los que argumenten que de esta forma se fomentaría el parasitismo social, les debemos recordar e interrogar a ver cuánto trabajan los más ricos y poderosos, cuánto trabajan los Directores Generales y Presidentes de muchas organizaciones, de muchas empresas, cuánto trabajan los Directivos y Consejeros de las grandes empresas del IBEX-35, cuánto trabajan los grandes terratenientes, los grandes propietarios, los grandes latifundistas…¿no son ellos los grandes parásitos sociales, que viven de chupar la sangre a la clase trabajadora? Basta ya de tanto cinismo social, de tanta demagogia injusta y barata, y de tanta pleitesía para los más fuertes. Reivindiquemos el derecho objetivo a la subsistencia, a la existencia misma, a renunciar a cualquier trabajo que nos quieran imponer, a tener que aceptar los mismos raseros sociales que nos obligan a respetar ciertos trabajos y a no respetar a otros, a debatir y a plantear otras acepciones a los trabajos remunerados o aceptados socialmente, y sobre todo, a entender que el Estado, que somos todos, siempre debe ser el que garantice el cumplimiento de todos los derechos fundamentales, incluido el empleo, y de todos los servicios públicos.