Carlota Ruiz-Bautista
Abogada medioambiental de IIDMA


Este mes salía a la luz un informe publicado por la organización europea de derecho medioambiental ClientEarth que daba respuesta afirmativa a la pregunta que encabeza este artículo:  tanto España como Dinamarca y Francia deben mejorar los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la obligación de desembarque. Pero ¿en qué consiste exactamente esta obligación? Esta medida, se perfiló como una de las medidas estrella de la última reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que se adoptó en 2013. Se diseñó para aplicarse de forma progresiva desde enero de 2015 hasta llegar a ser obligatoria en su totalidad a partir de este 2019 y se aplica a todas las poblaciones de peces sujetas a límites de captura y, en el Mediterráneo, también a las capturas de poblaciones sujetas a tallas mínimas de referencia a efectos de conservación. 

¿Su objetivo? Tratar de paliar los problemas de sostenibilidad de las poblaciones de peces en la UE, reduciendo el número de descartes y capturas no deseadas de los buques pesqueros al obligarles a desembarcar todas las capturas, aunque con algunas excepciones. Así, el Reglamento de 2013 de la PPC introduce de esta forma una norma muy concreta para los Estados miembro: controlar y contabilizar las capturas de la industria pesquera. 

Esta obligación es de especial relevancia para los países con grandes flotas pesqueras como es España, que en 2017 representaba un 21% de la flota de la UE en términos de capacidad. Sin embargo, el informe de ClientEarth, basado en el análisis de la información disponible demuestra que para garantizar que esta obligación sirva a su propósito es crucial que se aplique de manera efectiva y todavía queda mucho por hacer en cuanto a los mecanismos de control y las medidas para contabilizar las capturas.

Teniendo en cuenta los datos registrados en España, no se han detectado infracciones de la obligación de desembarque para 2017 y 2018, y el país informa de niveles muy bajos capturas y desembarques de especies por debajo de la talla mínima de conservación. Estos datos son un indicio de que España está fallando en el control del sector.

Además, en dicho informe, realizado por IIDMA para ClientEarth, se especificaban los principales obstáculos que dificultan la correcta aplicación de esa obligación en nuestro país, entre ellas, la falta de técnicas de monitorización específicas, la falta de medidas de control específicas para identificar y verificar el destino de las capturas por debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación o la falta de medidas técnicas y políticas más eficaces que contribuyan a mejorar la selectividad de las capturas no deseadas y a evitar las especies de estrangulamiento. También se menciona la escasa transparencia de información relativa a la aplicación de esta obligación, aunque se vincula también a la necesidad de registrar los datos de capturas de la manera más veraz posible, por parte del sector pesquero. 

La oposición y la resistencia por parte del sector pesquero también han sido señaladas por las autoridades españolas como otra de las dificultades clave parala correcta aplicación de la obligación de desembarque. 

No obstante, no todo son malas noticias: las autoridades españolas están realizando esfuerzos para mejorarla selectividad de los artes de pesca. También afirman que se han comprometido a utilizar técnicas específicas como sistemas de circuito cerrado de televisión o drones para garantizar un mejor control de la obligación de desembarque.

Se calcula que cada año, en la UE, se devuelven al mar alrededor de 1,7 millones de toneladas de peces y otros animales marinos. Estos descartes amenazan la sostenibilidad del ecosistema oceánico, que se ve esquilmado con estos descartes innecesarios. Es necesario que las autoridades mejoren también en la eficacia a la hora de transmitir al sector que la obligación de desembarque es una medida beneficiosa para todas las partes implicadas, y supondrá un salto cualitativo de cara a futuro para las poblaciones de peces, nuestro ecosistema oceánico y la industria pesquera.


Carlota Ruiz-Bautista, abogada medioambiental del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)

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