Tras ocho meses esperando, este miércoles se han reunido por primera vez las asociaciones de familiares de los fallecidos en residencias de mayores y de personas con discapacidad durante la pandemia en España con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
El encuentro ha resultado una decepción para la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, Marea de Residencias y Federación REDE.
Tal y como ha explicado el coordinador de la iniciativa y presidente de Federación REDE, Paulino Campos, «no han encontrado soluciones» por parte del fiscal general. «Queremos que no se vuelvan a producir estas situaciones en las residencias y que se aplique el derecho y la investigación con la rapidez y los medios necesarios, ha señalado Campos. Y ha añadido: «Llegamos al encuentro insatisfechos y decepcionados y nos vamos con una situación similar».
La Fiscalía ha explicado a las familias que, a fecha de 30 de septiembre del año pasado, hay 106 procedimientos penales en trámite, mientras que otros 32 han sido archivados por órganos judiciales.
María José Carcelén, de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1 de Cataluña, ha lamentado que «si no se produce esa reapertura de esos procedimientos todas esas muertes quedarán impunes».
Las familias no quieren pasar página ni dar carpetazo a la muerte de miles de ancianos «que no fueron derivados a centros hospitalarios, ni recibieron asistencia médica en los centros».
Según explican, muchas de sus denuncias no han prosperado, y se han cerrado en falso: sin escuchar a las familias, a los trabajadores y sin llamar a declarar a los responsables políticos y a los directores de las residencias.
«Sin esa reapertura nos quedaremos sin Justicia. Estamos condenados a repetirlo, porque dejar morir a ancianos y dependientes sale gratis», ha señalado Carcelén.
La Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1 de Cataluña ha lamentado además que no hayan salido de la reunión con «un compromiso firme de que todas las denuncias archivadas se vayan a reabrir».
«No sabemos si se va a producir, no tenemos la certeza. La inmensa mayoría de los culpables van a quedar impunes, es impensable en un Estado de derecho», ha añadido.
Por su parte, Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare) ha explicado que se han archivado varios procedimientos judiciales sin llamar a los familiares, además de que algunos los han convertido en diligencias civiles y, por ello, ha dejado de existir la posibilidad de reabrirlos.
Es decir, únicamente se podrán reabrir los casos de vía penal, los cuales ascienden hasta 106 en toda España, y se elimina la posibilidad de reabrir los que sean por la vía civil.
Desde la Fiscalía les han emplazado a otra reunión más adelante para seguir informándoles sobre las actuaciones judiciales que hay en curso, pero las familias solo quieren llegar hasta el final de las investigaciones y que se depuren responsabilidades.
Por último, María Jesús Valero, denunciante que perdió a su padre durante la pandemia en la residencia de Usera en Madrid y que lleva casi tres años peleando en los tribunales, ha explicado cómo ha sido su encuentro con el fiscal general del Estado: «Le he preguntado que ¿por qué tengo que estar aquí?».
Valero, cuyo caso ha sido archivado al igual que muchas de las querellas repartidas por toda España, ha lamentado que «no hay un compromiso firme» y que ha terminado la reunión «esperanzada pero sin nada».
«Los fiscales siguen sin dejarnos declarar y sin presentar documentación para defendernos», ha explicado Valero sobre su caso.
Algunos llevamos 8 años esperando porque fiscal o juzgado invstiguen en un caso de (presunto) homicidio, antes de pandemia, claro. Ni uno ni otro lo hacen. Archivan sin más. Habiendo obtenido nuevas pruebas y motivaciones, con mucha penuria, la actitud ahora está siendo demora más demora, para disuadirnos, parece. En una frase: no comen, ni dejan comer, porque hasta que no estén agotadas las vías nacionales no se puede acudir a la justicia europea.
Es posible que para los perros la justicia sea más diligente que para nuestros mayores
Los asesinos de más de 7 mil personas como Ayuso y su protocolo de no hospitalizar a los mayores e incapacitados de las residencias, no pagarán por sus crímenes porque la «justicia» y la fiscalia están al servicio de la mafia politica