El líder opositor del sector empresarial nicaragüense, Michael Healy, afirmó este jueves que «decir mentiras no abona» a la salida de la crisis local, luego de que el Gobierno de Daniel Ortega afirmó que Estados Unidos aplica sanciones a Nicaragua, que afectan «a los más pobres».

«Decir mentiras no abona a esta situación, lo que ha dicho Daniel es una gran mentira, sanciones al país de Nicaragua no ha habido una, las sanciones han sido personales», dijo Healy, a periodistas.

Desde el estallido social del 18 de abril de 2018 contra Ortega, Estados Unidos mantiene una política de aplicar sanciones económicas a los responsables y colaboradores de la represión gubernamental en Nicaragua.

Entre los sancionados están la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo; el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo; el consuegro del presidente y jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; entre otros allegados al gobernante.

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados, y de los ciudadanos o empresas estadounidenses que hacen negocios con ellos.

Ortega, y esta tarde también Murillo, llamaron «miseria humana» a los miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a la que pertenece Healy, por no pedir a la comunidad internacional que se abstenga de las sanciones.

Los insultos del presidente y la vicepresidenta se basan en que el Gobierno acordó con la Alianza que esta solicitaría el fin de las sanciones, a cambio de que el Ejecutivo liberara a los «presos políticos», permitiera la libertad de expresión y de prensa, garantizara justicia a las víctimas de la crisis y accediera al retorno de la democracia en Nicaragua.

Los dos primeros temas fueron aceptados por el Gobierno, pero hasta ahora no los ha cumplido, los restantes no han sido discutidos, según la Alianza, por obstrucciones del Ejecutivo.

La Alianza reiteró este jueves su disposición de pedir la suspensión de las sanciones cuando el Gobierno cumpla con su parte de las negociaciones.

«El sartén está en manos de él (Ortega), él es el que toma la decisión de si quiere más sanciones a sus allegados, o si no quiere más sanciones», sentenció Healy.

Desde 2018 Nicaragua vive una crisis que ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos humanitarios locales señalan hasta 568 y el Ejecutivo reconoce 199.

También se cuentan 809 «presos políticos», casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».

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