El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y el hijo de ambos, Guillermo Bárcenas, más conocido como “Willy”, han presentado un escrito de acusación contra los procesados por la trama Kitchen, quienes habrían montado un “operativo parapolicial” entre 2013 y 2015 para espiarle y robarle información.
La familia Bárcenas considera que tanto el comisario jubilado José Manuel Villarejo como el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tuvieron un papel esencial en la denominada “operación Kitchen”.
En concreto, Bárcenas acusa a Fernández Díaz de tener “conocimiento de la ilicitud” de estas acciones que se urdieron para arrebatar toda la documentación que guardaba y que podía comprometer al partido, cometiendo un “claro abuso de sus funciones” al ordenar a Francisco Martínez, Secretario de Estado de Seguridad, “poner en marcha” dicha operación.
Por ello, la defensa de Bárcenas pide tanto para Fernández Díaz como para Villarejo una condena de 41 años de prisión por una decena de delitos entre los que se encuentran la asociación ilícita, secuestro, allanamiento de morada, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
La familia Bárcenas considera cooperadores necesarios del asalto que sufrieron en su vivienda en 2014, cuando Enrique Olivares se hizo pasar por sacerdote y les retuvo bajo amenazas para que le entregasen documentos que podrían afectar al partido, al exministro, al exsecretario de Estado y a buena parte de la cúpula policial de entonces.
De los miembros de la cúpula policial de aquel entonces, también se piden 41 años de cárcel para el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino; el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera; el inspector Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; y los inspectores Bonifacio Díez Sevillano y José Ángel Fuentes Gago. Engrosan esa lista los excomisarios José Villarejo y Enrique García Castaño.
Bárcenas pide 33 años de cárcel para el chófer de la familia, Sergio Ríos
Para el undécimo acusado, el que fue chófer de la familia y pieza clave de la operación al haber sido presuntamente captado como confidente policial para la trama, Sergio Ríos, Bárcenas pide 33 años de cárcel y le acusa de actuar con la agravante de abuso de confianza.
La defensa de Bárcenas también solicita que los acusados indemnicen a cada uno de los miembros de la familia Bárcenas con 400.000 euros por los perjuicios ocasionados, a los que se deberá añadir la responsabilidad civil que se pudiera determinar en sentencia por del delito de malversación de caudales públicos.
Acoso en prisión
En el escrito también se describe que Bárcenas “sufrió un injustificado acoso por parte de los funcionarios de prisión consistente en medidas y acciones que no eran habituales respecto a otros internos como registros constantes en la celda, cacheos integrales sin justificación real, sanciones, le obligaban siempre a estar en la misma cabina en los locutorios cuando recibía visitas de su abogado y después, cuando se le autorizó las visitas en sala, siempre era en la misma cuando lo habitual es que sean el letrado y el interno quien elijan donde se comunican”. Además “se le produjeron lesiones en las muñecas por ponerle mal las esposas en los traslados”.
Asimismo, el extesorero relata que recibió dos visitas de “abogados relacionados” con el PP, uno de los cuales “le ofreció la posibilidad” de anular el caso Gürtel a cambio de 12 millones de euros.
