El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) condenaron este sábado la represión de la Policía a participantes en las protestas antigubernamentales en el país, donde fueron detenidas más de 60 personas.

«El Cenidh denuncia y condena, tras constatar en el lugar de los hechos, la agresión, golpes y robo de equipos, realizados por agentes de la Policía Nacional», informó el organismo dirigido por la activista Vilma Núñez.

«Condenamos de manera enérgica la brutal represión que se vivió por parte de oficiales de la Policía Nacional al pueblo nicaragüense», declaró por su parte la CPDH.

Según las denuncias, la Policía de Nicaragua recurrió a la violencia para evitar que los opositores marcharan para exigir al Gobierno la libertad «incondicional y absoluta» de cientos de personas detenidas por protestar contra el presidente Daniel Ortega.

La Policía de Nicaragua capturó y golpeó a más de 60 personas y despojó de su equipo a un reportero gráfico, según constató Efe.

La marcha fue convocada el jueves por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. El viernes la Policía alegó que la manifestación no contaba con su permiso y los opositores apelaron a la Constitución de Nicaragua para demostrar que es permitido protestar en este país sin necesidad de permiso.

«El artículo 54 de la Carta Magna ‘reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley’ de todos los nicaragüenses», reiteró esta tarde el Cenidh.

Los agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE), un cuerpo élite de la Policía Nacional, invadieron propiedades privadas, incluidos centros comerciales, para ejecutar sus operativos, que incluyeron disparos.

«Estamos documentando estos hechos, porque haremos uso de las instancias internacionales, porque estos son delitos: robo con fuerza, robo con intimidación, abuso de poder e intimidación, son delitos penados», dijo el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, en conferencia de prensa.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos en 11 meses, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el presidente Daniel Ortega solamente reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes «de lesa humanidad», mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.


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