Este miércoles 10 de agosto, primer día de vigencia del plan de ahorro energético del Gobierno, se han empezado a aplicar las primeras medidas del plan según las cuales la temperatura del aire acondicionado no podrá ser inferior a los 27º y se deberá apagar la iluminación de edificios públicos y escaparates a partir de las 22.00 horas.
Ese día, el consumo de energía eléctrica ha sido un 5,3% más bajo que hace una semana. Según los datos recogidos por el Informe diario de balance de Redeia, se alcanzaron los 752GWh (gigavatios/hora) frente a los 794 GWh del miércoles 3 de agosto.
Con respecto al año anterior en las mismas fechas, se ha consumido un 2,1% más. Esto se debe a que la situación en relación al consumo energético era diferente por la crisis del coronavirus: la mayoría de negocios de ocio nocturno estaban cerrados o su aforo era mínimo. Además, el turismo disminuyó y una gran parte de empleados se encontraban en el ERTE, por lo tanto, que su consumo fuese menor está justificado.
Sin embargo, el descenso de la demanda eléctrica no se puede achacar a las nuevas medidas de ahorro energético ya que esta semana y la siguiente son las de menor productividad laboral del año por las vacaciones. Además, este miércoles ha sido el primer día que se ha aplicado la medida y es un plazo demasiado corto para hacer comparaciones que permitan poner cifras reales al impacto del plan.
El sector eléctrico insiste que, a día de hoy, es muy complicado saber qué proporción se debe al plan de ahorro y remarcan que es necesario un plazo de tiempo más amplio para analizar correctamente esta tendencia.
La finalidad de este paquete de medidas del plan de ahorro energético es poder bajar un 5% el consumo de energía a nivel nacional. A lo largo de las próximas semanas se dictarán nuevas medidas para llegar al objetivo de compromiso con Bruselas, que busca disminuir este consumo en un 7% a nivel europeo.
Críticas
Este decreto ha recibido numerosas críticas por parte de la oposición, encabezadas por la Comunidad de Madrid. Las autonomías del PP lamentan no solo el contenido del mismo sino el hecho de no haber sido consultadas sobre las medidas a adoptar, ya que son las encargadas de vigilar que se cumplan.
De momento, la UE exige una reducción en el consumo de gas del 15%, un 7% en el caso de España, desde el 1 de agosto y hasta el 31 de marzo de 2023, con planes de ahorro voluntarios establecidos por cada país. Si no fueran suficientes, la reducción se convertiría en obligatoria.
El objetivo a nivel de la UE y por parte del gobierno español es concienciar a las grandes energéticas de lo que supone este plan de ahorro, así como a los ciudadanos para poder adoptar medidas para seguir viviendo sin abusar del consumo energético que le está pasando factura al planeta.
