La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció públicamente este jueves que la Policía de Nicaragua supuestamente utiliza métodos de coacción para obligar a «presos políticos» excarcelados a realizar espionaje para el Gobierno.

Representantes de la CPDH informaron que han documentado varios casos en lo que se demuestra que la Policía nicaragüense captura a «presos políticos» recién enviados al régimen de convivencia familiar para luego obligarlos a conseguir nombres y direcciones de personas que se oponen al Gobierno, a cambio de no asediarlos.

«Esa es la práctica actual que están utilizando, amenazándolos y diciendo que empiecen a informar de actividades, piquetes (protestas efímeras), para denunciar a sus compañeros. Esta es una situación que nos preocupa, porque la Policía no va a descansar hasta no ver a todos los jóvenes en la cárcel», dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, en conferencia de prensa.

Carmona recordó que el espionaje con fines políticos es prohibido por las leyes de Nicaragua.

La CPDH presentó el caso de Einer José López Espinoza, de 25 años, un «preso político», ahora prófugo tras haber sido excarcelado, quien accedió a que su expediente fuera hecho público luego de que abandonó Nicaragua junto con su familia.

«Fue acusado por robo agravado, fue liberado el 27 de febrero y recapturado el 26 de marzo de 2019: llegan a su casa, lo detienen, y al momento que se lo llevan le hacen algunas propuestas para que colabore, si colabora, le van a devolver su moto, no lo van a perseguir, prometen no seguirle el proceso (legal), pero a cambio tiene que colaborar», explicó el abogado de la CPDH, Julio Montenegro.

La colaboración, según la CPDH, «consiste en que se introdujera en protestas cívicas de los autoconvocados, y que rindiera información sobre nombres de personas y lugares donde estos habitan, si no colaboraba, la situación iba a ser un poco difícil».

Montenegro afirmó que López fue golpeado delante de un grupo que identificó como «personas notables de la Policía de Managua», mientras le hacían la propuesta.

El temor de los coaccionados está en que las autoridades supuestamente amenazan con tomar represalias contra sus familias, por lo que las víctimas prefieren huir del país con su núcleo familiar, antes que delatar a otros nicaragüenses que participan en protestas contra el presidente Daniel Ortega, según la denuncia.

Entre 779 y 809 personas permanecen oficialmente bajo algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua, luego de haber participado en protestas contra Ortega, cuyo Gobierno reconoce menos de la mitad e identifica como «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».

Nicaragua atraviesa una crisis que desde abril de 2018 ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales y el Ejecutivo reconoce 199.

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de «lesa humanidad».

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.