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Patrimonio Nacional reconoció en 2017 el derecho a la exhumación en el Valle de los Caídos de los restos mortales de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, y de las peticiones de exhumación de los mortales de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno.

Ya se han registrado 12 denuncias de familiares de víctimas del franquismo que se encuentran en el Valle de los Caídos denunciando al prior administrador de la Abadía, Santiago Cantera, por la negativa constante a que los fallecidos sean localizados e identificados por la Justicia.

Las denuncias son debidas a supuestos delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de resistencia y desobediencia, ya que se ha reconocido por Patrimonio Nacional el derecho a exhumar los restos, y se ha resuelto que el Valle de los Caídos es una sepultura de cementerio público, y no religioso.

Los familiares de los fallecidos solicitan al prior la disculpa “cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo”, así como que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa y se reclama que se entreviste con familias víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, y que sea condenado a estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas.

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