La impunidad reina en los ataques y amenazas que sufren los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, que no son investigados porque el Estado prefiere «negar realidades», dijeron este jueves expertos reunidos en un foro paralelo a la 49 Asamblea General de la OEA.

«En este país se llega demasiado tarde a muchas cosas», manifestó la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Viviana Krsticevic, en el foro «Defensoras y defensores bajo ataque: ¿Qué falta para proteger a quienes defienden los derechos en Colombia?».

Según los expertos, la impunidad en los asesinatos de líderes sociales, 702 de los cuales han perdido la vida de forma violenta en Colombia desde 2016, como señaló un reciente informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, se extiende a los casos de agresiones y amenazas.

Krsticevic agregó que «casi no se investigan las amenazas y desplazamientos» de que son víctimas los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

La directora del Cejil instó a reclamar acciones con procesos «más transparentes y participativos» para atender mejor el fenómeno que tiene en peligro a líderes de distintas regiones, en lo que consideró un ataque para destruir procesos de asociación.

«Creen que los defensores de derechos humanos estamos en contra de todo y hacemos guerra política. El Estado trata de defenderse y niegan realidades», añadió Krsticevic.

Por ello, dijo que hace falta un «análisis más profundo de impunidad» ante graves violaciones y reclamó un estudio más amplio de las políticas de seguridad.

Krsticevic subrayó que los líderes sociales «no van contra el Estado» e invitó a valorar el esfuerzo de estas personas que trabajan por Colombia a través de sus organizaciones.

En ese sentido, la representante legal de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (Asomudem), María Cecilia Lozano, manifestó que el propósito de los ataques es provocar miedo con el fin de que las comunidades no se organicen para exigir sus derechos colectivamente.

«Los asesinatos siguen ocurriendo. Se habla del tema pero no hay acciones concretas que nos permitan ejercer el liderazgo», expresó a Efe Lozano, superviviente de la matanza de Mapiripán (Meta), ocurrida en julio de 1997, y quien relata que ha sido desplazada en cinco ocasiones.

Lozano consideró que la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que comenzó hoy en Medellín puede ser un escenario propicio para hacer un llamamiento a que se proteja y se den garantías a quienes defienden los derechos humanos.

«El llamado es a nivel internacional, que hagan presión al Gobierno y que se reconozca que es algo sistemático y que (los ataques) también pueden ser del mismo Estado. Que protejan la vida de los líderes y defensores de derechos humanos; la mayoría somos víctimas del conflicto armado, hemos sido desplazados varias veces», afirmó.

Por su parte, la directora de la Corporación Sisma Mujer y representante del grupo Género en la Paz (GPaz), Claudia Mejía Duque, aseguró que «existen patrones particulares de género» en las agresiones y lamentó el crecimiento desproporcionado de la violencia contra las mujeres que asumen la defensa de los intereses de sus comunidades.

«Se les ataca porque son líderes, pero también porque son mujeres», manifestó.

En el foro intervino asimismo la presidenta del Movimiento Ríos Vivos, Isabel Zuleta, quien advirtió de que en Colombia se vulnera y persigue el derecho a hacer asociación, una tendencia que percibe cuando realizan denuncias y movilizaciones.

«Hacemos un llamado ante los riesgos, pero nos dicen que estamos paranoicos», comentó Zuleta, quien sentenció que «lo que se intenta matar en el país es el derecho a disentir, a opinar distinto o a cuestionar».

En su exposición, lamentó que por un «discurso de odio» varios líderes sean declarados personas no gratas en sus propios territorios al considerar que hacen daño con sus denuncias.

Al referirse a los asesinatos de líderes sociales, Zuleta aseguró que las autoridades en ocasiones intentan «desvirtuar que son líderes» con argumentos baladíes como que la víctima no sabía leer y escribir.

«El delito que hemos cometido es organizarnos para hablar», apostilló.