Tres jóvenes de 15 años fueron capturadas por la Policía de Nicaragua este miércoles cuando realizaban una protesta contra el presidente Daniel Ortega, denunció la Unión de Presos Políticos Nicaragüense.
Se trata de Aslhey Zelaya, Litzzie Zelaya y Karelys Lumbí, quienes fueron detenidas mientras realizaban un «piquete express» (protesta corta contra Ortega) en la ciudad de Matagalpa, en la zona norte de Nicaragua, según el movimiento conformado por prisioneros excarcelados.
Los denunciantes difundieron fotografías de las menores así como un vídeo del «piquete express» en el que participaban y que consistió en caminar por una calle con banderas de Nicaragua, lo que es interpretado por las autoridades como un acto subversivo contra Ortega.
«Fueron secuestradas por la guardia orteguista, ¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!», denunció por su parte el Movimiento de UNA (Universidad Nacional Agraria) 19 de Abril, en sus redes sociales.
Según la Unión de Presos Políticos de Nicaragua, las jóvenes capturadas realizaron un «piquete express» porque «son actos pacíficos que se ha hecho muy populares luego de que no se puede protestar como se debe por la represión de este Gobierno».
«Exigimos su pronta liberación ya es mucho, cualquier cosa que les suceda hacemos responsable a este Gobierno asesino», agregó la Unión.
Los miembros de esa liga han relatado que durante su encarcelamiento fueron víctimas de torturas y tratos inhumanos, lo que ha sido avalado por diversos organismos defensores de los derechos humanos locales e internacionales.
Las muestras de rechazo hacia Ortega, que se masificaron desde el estallido social del 18 de abril de 2018, están prohibidas en Nicaragua por orden de la Policía Nacional, pese a que dicha disposición contradice la Constitución nicaragüense según los expertos constitucionalistas.
La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos humanitarios locales señalan hasta 568 y el Ejecutivo reconoce 199.
También se cuentan 809 «presos políticos», casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».
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